Paliacate 03 - Índice

LA DIGNIDAD VIVE

Nuestra Solidaridad con los Presos en Huelga de Hambre en La Palma

El pasado 18 de octubre, centenares de presos empezaron una huelga de hambre en el penal de máxima seguridad La Palma, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Las demandas de los reclusos son básicas; por tanto, son atendibles por cualquier ser mínimamente racional:

1. Respeto a los derechos humanos

2. Alimentación digna

3. Atención médica y odontológica oportuna.

4. Agilización de trámites burocráticos.

5. Derecho a una defensa justa y la confidencialidad de las conversaciones entre los presos y sus abogados.

6. Que no se viole la correspondencia.

Como se sabe, en esta huelga de hambre participan por lo menos 200 reclusos, entre ellos compañeros y simpatizantes nuestros y otros presos políticos y de conciencia, y se va extendiendo a otras prisiones, como es el caso en Acapulco, donde el Comité de Presos Político y de Conciencia que también se sumó a la huelga por un mejoramiento mínimo en las condiciones cárcelarias.

El Estado intenta callar esta movilización a toda costa. Trata de silenciar esta resistencia, trata de romper la voluntad de los presos, aplica un tortura sicológica prolongada. Ahora, las autoridades han recurrido a dividir y trasladar a los reclusos (40 fueron trasladados a Puente Grande, Jalisco). No debemos olvidar estas son las facciones de la verdadera cara del neoliberalismo. Evidentemente, la política de las autoridades de La Palma y por ende del gobierno es imponer un poder autoritario.

Resulta importante que en tiempos en que se siembra un clima represivo, denunciemos enérgicamente los atropellos a los derechos humanos y exijamos el cumplimiento pleno de las justas demandas de los reclusos. Así, expresamos nuestra solidaridad con y refrendamos la lucha de los presos en huelga de hambre.

Digna Ochoa, abogada del Pueblo

La lucha por el pleno respeto a los derechos humanos en México y en el mundo sufrió una pérdida incalculable con el pusilánime asesinato de Digna Ochoa y Plácido.

Valiente defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa defendía a quienes muy pocas personas quieren defender: los luchadores sociales, los pobres, los perseguidos políticos. Su única arma contra los atropellos a los derechos humanos cometidos por el Ejército Federal y el Estado Mexicano era el Derecho.

Esta aberrante crimen crea una preocupante situación en lo que toca a los derechos humanos pues se recurre a asesinar a las y los mismos defensores. En riesgo de caer aún más en recesión, el capital intenta crear un clima represivo para controlar a la población y reprimir e intimidar a los movimientos y luchadores y luchadoras sociales.

Estamos de acuerdo con muchos activistas y analistas que califican este hecho como un acto de terrorismo de Estado. Como tal, el Estado tiene la responsable de esclarecer este crimen a la brevedad.

¡NO a la impunidad!. ¡NO a la injusticia!

La consecuencia ética de Digna fue, es y será un ejemplo para todos los que deseamos un mundo justo.

Expresamos nuestra simpatía y dolor a la familia Ochoa y Plácido. Honor y gloria a la abogada del pueblo, Digna Ochoa. La dignidad vive.

(Ir arriba)

La guerra sucia es violencia de Estado

Actualmente el movimiento revolucionario de nuestro país teniendo un signo legal o clandestino sigue sufriendo la represión del Estado. El cambio tan pregonado no ha tenido como característica la disminución de la represión, por el contrario se han utilizado las mismas formas para responder a los reclamos de la ciudadanía; hechos como la desaparición forzada, la tortura, la utilización de la fuerza, antes que la razón, son cosa de todos los días.

Según Amnistía Internacional, AI, en su informe «CASOS DE TORTURA: CLAMOR PORQUE SE HAGA JUSTICIA», la tortura es un elemento primordial en la forma de actuar de los cuerpos de seguridad del Estado que no son más que cuerpos represivos en su gran mayoría.

Según AI, «La tortura es una práctica generalizada en México y su eliminación requiere que se actúe urgentemente. El azote de la tortura puede encontrarse en todos los ámbitos del sistema federal, estatal y local de México».

La tortura se da en los 31 estados y en su Distrito Federal a pesar de la adopción de leyes destinadas a su eliminación. Entre loas víctimas de tortura hay presuntos delincuentes, personas detenidas por motivos políticos y miembros de comunidades indígenas en zonas con una importante presencia militar. Los agentes del Estado suelen recurrir a la tortura en el contexto de la administración de justicia, donde a menudo se emplea como método de investigación para conseguir confesiones que posteriormente se utilizan como pruebas ante las cortes de justicia para condenar a los encausados».

A menudo los casos de tortura cometidos por los militares se ponen en manos del sistema de justicia militar, lo que conculca las normas internacionales sobre la imparcialidad e independencia que deben aplicarse en la investigación de tales abusos. Los jueces y otros cargos públicos, entre ellos los que ejercen el poder ejecutivo, legislativo federal, estatal y municipal, a menudo hacen oídos sordos ante las denuncias de tortura, con lo que incurren en connivencia con su práctica. A su vez, quienes claman contra esta práctica, en su mayoría defensores independientes de los derechos humanos, han sido a menudo víctimas de actos de intimidación».

Durante demasiado tiempo, la inmensa mayoría de los casos de tortura en México no han sido aclarados satisfactoriamente y los responsables han quedado impunes, con lo que se ha prolongado la angustia indecible de víctimas y familiares. Además, la impunidad redunda en que se consolide la profunda falta de fe de la mayoría de los mexicanos en la administración de justicia de su país, circunstancia que sólo puede fomentar la comisión de nuevas violaciones».

«Los casos expuestos en este documento son sólo una fracción de los informes de tortura de los que se ha informado AI durante los últimos años. Sin embargo, en conjunto, reflejan muchas de las cuestiones clave que deben abordarse para que pueda suprimirse esta práctica en México».

Cuando se comete un acto de tortura, existe una serie de derechos humanos que son violados, entre otros El Debido Proceso, Privación Ilegal de la Libertad...

Algunos de los casos documentados por Amnistía Internacional son los siguientes:

LUIS ORTÍZ CHAGOYA

Me amarraron las manos por atrás, me pusieron una bolsa en la cabeza... para que no pudiera respirar.

Según informes, en noviembre de 2000, unos agentes de policía torturaron a Luis Ortíz Chagoya, de 17 años, y le obligaron a confesar un robo del que él negaba tener conocimiento. Mediante amenazas e intentos de asfixia, acabó implicando a un amigo, que también fue detenido. Ambos menores permanecieron recluidos en una prisión para adultos durante más de un mes. Ortíz fue detenido en su localidad en el estado de Michoacán...

...Ortíz realizó una declaración en la que denunció que había sido torturado y que la confesión se había obtenido de esa forma. En noviembre de 2000, los informes sobre este caso de tortura también se hicieron públicos en varios medios de comunicación de ámbito local y nacional, pero a fines de febrero del 2001, Amnistía Internacional no tenía constancia de que se hubiera iniciado ninguna investigación.

RECOMENDACIONES

Amnistía Internacional recomienda al gobierno mexicano que:

· Se lleve a cabo sin dilación una investigación imparcial y efectiva sobre los informes que indican que Luis Ortíz Chagoya fue torturado, que se hagan públicos los resultados y que se ponga a los responsables a disposición de la justicia;

· Las autoridades competentes intenten identificar sin demora a los agentes implicados en las denuncias de tortura y los suspendan de sus funciones en espera de las conclusiones de la investigación;

· En el futuro, todas las causas en que haya implicados menores de edad se pongasn en manos del tribunal de menores, y que los menores detenidos sean trasladados a centros adecuados, separados de los adultos, conforme exige la legislación mexicanan;

· Se proporcione una reparación justa y adecuada de las víctimas de tortura o de otras violaciones de derechos humanos, incluidos los cuidados médicos convenientes.

REMEDIOS ALONSO VARGAS

IRINEO MEDEROS ALONSO

LUCIANO MEDEROS ALONSO

Remedios Alonso Vargas y sus dos hijos fueron detenidos, según los informes recibidos, por unos 40 agentes de la Policía Judicial del estado de Guerrero el 24 de octubre de 2000. La policía entró en su casa en el pueblo de El Camarón, municipio de Petatlán, y prendieron con violencia a Remedios Alonso y a sus dos hijos, acusándolos de haber secuestrado a un hombre. Los agentes no presentaron orden judicial y destrozaron objetos que había en la vivienda e intimidaron a otros habitantes el pueblo.

Según informes, la policía torturó a Remedios Alonso Vargas y a sus dos hijos ya adultos, Irineo Mederos Alonso y Luciano Mederos Alonso, durante los siete días que permanecieron indocumentados en régimen de incomunicación en octubre del 2000. Los tres fueron obligados a firmar confesiones preparadas de antemano que afirmaban no haber leído. Nadie ha sido procesado por este delito.

El 26 de octubre trasladaron a los tres de tenidos a la jefatura de la Policía Judicial en ciudad Altamirano, estado de Guerrero, donde sufrieron nuevas torturas. Según sus testimonios, a Remedios Alonso le pusieron una bolsa en la cabeza, la amenazaron con asfixia y le dijeron que la iba a pasar aun peor si no confesaba el secuestro. A Irineo Mederos y Luciano Mederos les vendaron los ojos y los golpearon en la espalda y el cuello con armas de fuego. También les cubrieron la cabeza con una bolsa, los amenazaron con asfixiarlos y les introdujeron agua carbonatada por la nariz. Después de la tortura, Remedios Alonso y sus hijos fueron obligados a firmar confesiones preparadas de antemano y que ni siquiera leyeron.

El 31 de octubre, trasladaron a los detenidos al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Coyuca de Catalán, fue entonces, site días después de su detención, cuando comparecieron ante un juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal de Coyuca de Catalán y cuando de dictó una orden formal de detención contra ellos. La Constitución mexicana estipula que las personas detenidas por delitos comunes deben comparecer ante una autoridad judicial en un plazo de 48 horas.

Los miembros de una organización no gubernamental de Derechos Humanos también han informado que les pusieron obstáculos cuando intentaron visitar a los detenidos el 8 de noviembre. Al parecer el director del CERESO de Coyuca de Catalán manifestó que tenía órdenes de no permitir ninguna visita. No obstante, al final los defensores de los derechos humanos consiguieron ver a los detenidos y escuchar sus testimonios.

Se han presentado quejas formales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero. No obstante, a finales de febrero del 2001, Amnistía Internacional no tenía noticias de que se hubiera emprendido investigación alguna sobre las denuncias de tortura.

El comandante de la policía Judicial que, según los informes, dirigió la operación en la que Remedios Alonso y sus dos hijos fueron detenidos, recluidos en régimen de incomunicación y torturados, ha estado implicado en casos de tortura en el pasado. En febrero de 1999, lña Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, de carácter oficial, lo identificó como responsable de varios casos de tortura y recomendó que las autoridades llevaran a cabo una investigación efectiva (recomendación 032/99). La recomendación nunca se aplicó.

El 5 de diciembre del 2000... el procurador general de Justicia del estado de Guerrero informó que la actuación judicial contra Remedios Alonso, Irineo Mederos y Luciano Mederos por cargos de secuestro se encontraba en la fase de presentación de pruebas, pero, a pesar de ello, dio por hecho que eran culpables: «Le solicito a usted sea portavoz ante los integrantes de Amnistía Internacional, para que procuren evitar ser sorprendidos por personas de mala fe que tratan de utilizarlos para que tomen la defensa de secuestradores y narcotraficantes, alegando violación a los derechos humanos».

A finales de febrero del 2001, Remedios Alonso, Irineo Mederos y Luciano Mederos permanecían detenidos por cargos de secuestro basados, según la información recibida, en confesiones obtenidas mediante tortura.

RECOMENDACIONES

Amnistía Internacional recomienda al gobierno mexicano que:

· Se realice con prontitud una investigación imparcial y efectiva sobre las circunstancias de la detención de Remedios Alonso Vargas, Irineo Mederos Alonso y Luciano Mederos Alonso y sobre las torturas que, según informes, sufrieron tras ser detenidos por la Policía Judicial del estado de Guerrero el 24 de octubre de 2000;

· Los métodos y los resultados de la investigación se hagan públicos y que se lleve a los presuntos responsables ante la justicia;

· Las autoridades competentes traten de lograr sin demora que se identifique a los agentes estatales implicados en las presuntas torturas y se los retire de su cargo hasta que se conozcan los resultados de la investigación;

· NO se admita en las actuaciones judiciales ninguna declaración ni prueba obtenida mediante tortura, salvo para utilizarla en contra de la persona o personas acusadas de haber torturado a los tres detenidos;

· Se proporcione una reparación adecuada y justa, incluida la atención médica necesaria, a las víctimas de tortura y otras violaciones de derechos humanos.

Otro de los casos documentados por Amnistía Internacional es el de

GLORIA ARENAS AGÍS Y JACOBO SILVA NOGALES.

Me desnudaron completamente, me volvieron a poner la venda en los ojos, me vendaron las muñecas y me esposaron,... me dieron toques eléctricos en la boca, los pezones, los genitales...

Gloria Arenas

Me desnudaron, me echaron agua fría, me envolvieron el cuerpo con una sábana mojada... y me dieron toques por todo el cuerpo...

Jacobo Silva

Gloria Arenas Agís, de 41 años de edad, y su esposo Jacobo Silva Nogales, de 43, fueron detenidos en octubre de 1999, recluidos en régimen de incomunicación durante varios días y, según informes, torturados y obligados a firmar o marcar con ls huellas dactilares una declaración ya redactada. Ambos reconocen ser miembros del grupo armado de oposición Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Gloria Arenas y Jacobo Silva prestaron declaración a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en al prisión de Almoloya el 26 de noviembre de 1999. Según el testimonio de Jacobo Silva, agentes de la Policía Federal Preventiva vestidos de civil lo detuvieron el 19 de octubre cerca de una estación de metro de la Ciudad de México.

Gloria Arenas declaró que ella fue detenida arbitrariamente en su casa en San Luis Potosí el 22 de octubre por unos hombres armados vestidos de negro que llevaban pasamontañas y botas militares.

Después de varias sesiones de tortura fueron presentados el día 24 de octubre. Permanecieron en régimen de incomunicación. Según informes, antes de la conferencia de prensa, a Jacobo Silva le indicaron que se arreglara la ropa y se pusiera una gorra para que se cubriera las señales de los golpes. A pesar de esto, familiares de los detenidos apreciaron señales visibles de tortura cuando lo vieron. Un informe oficial preliminar también señaló que Jacobo Silva presentaba varias heridas. Sin embargo, en la declaración ministerial se incluyó un certificado que avalaba el buen estado físico de Jacobo Silva.

El 15 de diciembre de 1999 se presentó una denuncia oficial de tortura en nombre de Gloria Arenas y Jacobo Silva ante la Procuraduría General de Toluca, Estado de México. La causa está actualmente en manos de la Procuraduría General de Chilpancingo, estado de Guerrero. Sin embargo, a fines de febrero del 2001, a Amnistía internacional no le constaba que se hubiera tomado ninguna medida para investigar los informes de tortura. También se ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no han formulado ninguna recomendación sobre el caso.

Hasta la fecha, a Gloria Arenas y a Jacobo Silva les siguen negando el derecho a visita conyugal, y el abogado de Gloria Arenas ha denunciado diversas dificultades para poder visitar a su cliente, así como irregularidades en el proceso judicial.

En la actualidad, Jacobo Silva y Gloria Arenas están recluidos en la prisión Federal de Almoloya, Estado de México, por cargos de delincuencia organizada en relación con acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos.

RECOMENDACIONES

Amnistía Internacional recomienda al gobierno de México que:

Se lleve a cabo sin dilación una investigación imparcial y eficaz sobre las circunstacias completas que rodearon la tortura, que según informes, padecieron Gloria Arenas Agís y Jacobo Silva Nogales durante el tiempo que estuvieron recluidos en régimen de incomunicación en octubre de 1999, que los métodos y resultados de esa investigación se hagan públicos, y que a los responsables se los haga comparecer ante los tribunales;

Las autoridades competentes intenten identificar sin demora a los agentes implicados en las denuncias de tortura y los suspendan de sus funciones en espera de las conclusiones de la investigación;

No se recurra en ningún procedimiento a las declaraciones y demás pruebas obtenidas mediante tortura, excepto contra la persona o personas acusadas de torturar a los detenidos;

Se proporcione una reparación justa y adecuada a las víctimas de tortura o de otras violaciones de derechos himanos, incluidos los cuidados médicos adecuados.

Algunos casos más que están documentados son:

· Los Ecologistas RODOLFO MONTIEL FLORES Y TEODORO CABRERA GARCÍA, presos por defender el medio ambiente.

· VICTORINA VÁZQUEZ SÁNCHEZ (50 años) Y FRANCISCA SANTOS PABLO,(33 años) dos mujeres indígenas de la comunidad Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacoachistlahuaca, estado de Guerrero, que según informes fueron violadas por soldados mexicanos, el 21 de abril de 1999. Ya han transcurrido dos años y no se ha procesado a nadie. Además, siguen recibiéndose informes sobre actos de hostigamiento en la zona por los militares.

· INDÍGENAS LOXICHAS DEL ESTADO DE OAXACA. A lo largo de cuatro años, desde agosto de 1996, las fuerzas de seguridad han detenido arbitrariamente, recluido en régimen de incomunicación y torturado a unos 130 indígenas zapotecas de la región Loxicha del Estado de Oaxaca. La impunidad ha prevalecido en la mayoría de los casos y los habitantes de la región temen sufrir nuevas represalias.

· RECLUSOS DE LA PRISIÓN DE APODACA, estado de Nuevo León, que sufren una serie de violaciones a sus derechos humanos por parte del personal de la prisión.

· ALFONSO MARTÍN DEL CAMPO DODD, quien ha cumplido ya 8 de los 50 años a los que fue sentenciado por asesinato. Su confesión fue obtenida mediante tortura, documentada en certificados médicos oficiales expedidos tras el interrogatorio policial.

Entre otros casos no documentados están:

· BENITO BAHENA MALDONADO, detenido el 29 de junio de 1997 en el parque Papagayo de Acapulco, Gro. Por Inteligencia militar. Hasta la fecha no se sabe nada de su paradero.

· FERNANDO GÁTICA CHINO Y FELICITAS PADILLA NAVA, detenidos en su hogar en Chilpancingo, Gro. Sus vidas cambiaron el 22 de octubre de 1999, día en que unos hombres cubriendo su rostro, irrumpieron en su hogar muy de mañana sin identificarse y sin ninguna orden de aprehensión, pero si haciendo uso de violencia agrediéndolos a él y a su esposa.

A Fernando lo amarraron y le vendaron los ojos, y lo llevaron a un cuarto de la casa donde lo empezaron a golpear poniéndole almohadas en el estomago a la vez que lo interrogaban preguntándole si el era el comandante Antonio. Lo amenazaron con violar a sus hijas si no decía la verdad. Su tortura duró todo el día y toda la noche, hasta que en las primeras horas de la mañana, cubriéndole los ojos con una venda lo llevaron junto con su esposa y sus hijos y una amiga de sus hijos a la procuraduría del estado, en donde lo pusieron en una celda separado de su familia. En la procuraduría del estado continuaron golpeándolo y amenazándolo con hacerle daño a su familia, y matarlo a el si no decía la verdad y no aceptaba firmar unas hojas en blanco. Su tortura transcurrió durante los días 23 y 24 de Octubre de 1999. El 24 por la mañana lo obligaron a firmar documentos los cuales el desconoce su contenido, y lo trasladaron en avión junto con su esposa a un lugar desconocido para ellos. Posteriormente Fernando, su esposa, y otras dos personas mas que ellos desconocían fueron llevados al reclusorio de alta seguridad de Almoloya de Juárez, México. Lugar donde fueron desnudados completamente, interrogados y sometidos a una denigrante revisión física, y finalmente presentados ante los medios de comunicación acusados de pertenecer a un grupo armado guerrillero, lo cual Fernando no acepta. Motivo por el cual actualmente permanece preso, al igual que su esposa Felicitas Padilla Nava. Ellos manifiestan que lo que mas les preocupa es no saber el paradero de sus hijos.

Su juicio, desde el principio ha tenido múltiples irregularidades y violaciones a sus derechos de acuerdo a la ley.

· ERIKA ZAMORA PARDO Y EFRÉN CORTÉS, Sobrevivientes de la masacre del Charco; fueron detenidos en esa comunidad Mixteca en Ayutla, Guerrero, el 7 de junio de 1998. Están purgando condenas por portación de arma de uso exclusivo del ejército, conspiración e incitación a la rebelión. Actualmente Erika esta presa en Chilpancingo, Gro. Y Efrén en Puente Grande, Jalisco, a pesar de que en ninguno de los dos casos hay pruebas de los delitos de que se les imputan.

· OMAR GUERRERO SOLÍS

Varios de estos casos tienen una serie de recomendaciones hechas por Amnistía Internacional al gobierno mexicano. Un nuevo gobierno que el 1 de diciembre del 2000 ocupó el poder. El presidente, Vicente Fox, del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), sustituyó al partido en el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había ocupado el poder sin interrupción durante más de 70 años.

En su discurso inaugural, el presidente Fox manifestó su compromiso de respetar plenamente los derechos humanos y el Estado de derecho. Dos meses después, en febrero de 2001, anunció una profunda reforma de la Constitución mexicana. Al anunciar esta decisión, el presidente Fox declaró que la reforma incluiría propuestas para que México cumpliera las normas internacionales de derechos humanos.

En su Primer Informe de Gobierno no hubo, valga la redundancia, Informe sobre las recomendaciones hechas por instituciones internacionales de derechos humanos, bueno ni sobre las nacionales.

Hay compromiso o como el chiste del sapo... ¡No pos yo aquí nomás de bocón!

(Ir arriba)

Introducción.

En los actuales momentos por dondequiera se pueden escuchar o leer llamados a construir el Poder Popular, al grado de que podría pensarse que o ya se ha alcanzado tal grado de homogeneidad entre las organizaciones populares que ya no hay diferencia entre los planteamientos, o que detrás del mismo planteamiento se esconden concepciones divergentes. Evidentemente no es el primer caso, porque tal homogeneidad está lejos de alcanzarse y la realidad es que con el mismo término se designa cosas totalmente diferentes. Lo que aquí se plantea es una de esas concepciones, una que intenta no ocultar una concepción tras un término que puede resultar ambiguo de tan manoseado, sino que intenta llevar hasta sus últimas consecuencias aquello que todos dicen querer pero que pocos han mostrado construir: el poder del pueblo.

Aquí se intenta definir el concepto, al mismo tiempo que se exploran caminos para construirlo, se señalan los riesgos que desde ahora pueden preverse y que no son pocos ni pequeños, se plantea las diferencias fundamentales con otras concepciones, se asume una posición con respecto a las experiencias revolucionarias que han pretendido construirlo.

Por último, partiendo de que la revolución se hará en nuestro país, por los mexicanos, se intenta llegar a las raíces que una concepción como la que se maneja tienen en nuestro pueblo, y que no son pocas ni insignificantes, porque en diversos momentos nuestro pueblo ha realizado importantes pasos en ese sentido.

El Poder Popular.

Mucho se ha hablado, por muchas personas, desde hace mucho tiempo y en muchas circunstancias, del Poder Popular, de manera que los más jóvenes habrán oído hablar de Poder Popular a diversas organizaciones revolucionarias que hoy existen en nuestro país y en otros lugares; los más maduros habrán escuchado el término en tiempos del gobierno socialista de Salvador Allende, por los años 70’s; los más viejitos lo habrán escuchado en los tiempos de la Revolución Cultural de China, por 1967; los que gustan de leer lo habrán leído en Lenin y algunos, los más flexibles, quizá lo hayan leído en… Gandhi, sí, ¡en Gandhi!; seguramente habrá quienes doctamente digan “Marx decía, en tal obra, que……bla-bla-bla…” En fin, que de Poder Popular han hablado tantos y con concepciones teóricas tan diversas y con prácticas tan diferentes y a veces tan encontradas entre sí, que no cabe la menor duda que tras el término de Poder Popular se encuentran conceptos diferentes, y esto es posible por los diferentes puntos de partida y por las concepciones particulares desde los cuales se aborda la cuestión.

Precisamente por esa situación es que deben hacerse varias precisiones al concepto de Poder Popular.

Una revolución puede realizarse por medio de una lucha en la que un grupo, organizado en un partido revolucionario encabece al pueblo y como resultado de esa revolución ese grupo puede tomar el poder y, a partir de ese momento, dirigir la nación conforme a sus principios y su línea política. De acuerdo con esos principios elaborará sus objetivos y determinará la política a seguir. Obviamente, el lograr la toma del poder sería la mejor muestra de la gran capacidad de esa organización en cuanto a su visión, en cuanto a su fuerza, en cuanto a su capacidad política y militar. ¿Sería eso suficiente para pensar que a partir de ahí todo marcharía conforme a los intereses del pueblo? ¿bastaría eso para pensar que la revolución acabará con la antidemocracia, la injusticia y la opresión? ¿no existirá la posibilidad de que los nuevos gobernantes pudieran convertirse en nuevos tiranos? Hace quince años estas preguntas podrían haber sido calificadas de contrarrevolucionarias y de provocadoras, pero ahora, cuando son conocidos los crímenes del stalinismo y del polpotismo9 (como ejemplos más ilustrativos pero no únicos) ya no puede calificárseles así, pues esos casos son muestras de que con los mejores fines pueden cometerse las peores atrocidades y que es posible que esas experiencias se repitan. Y es que el tener el apoyo de la población en un momento determinado y para algún objetivo no significa que se le representa en todo, ni el representarlo alguna vez significa que se ha adquirido el derecho de representarlo por siempre, como si la representatividad fuera cuestión de mérito histórico. En todo caso, si un grupo es el que decide, entonces estamos hablando del poder de un grupo y si los revolucionarios son los que deciden estamos hablando del poder de los revolucionarios, no del pueblo y eso no es lo que hace falta. Por eso el Poder Popular no es el poder de los revolucionarios, sino el del pueblo, es decir, el ejercicio de la soberanía popular.

La alternativa sería, entonces: ¡A construir el Poder Popular, para ejercer la soberanía popular!

Ahora bien, habrá quienes aceptando la necesidad de que se ejerza la soberanía popular y comprendiendo la necesidad de que no sean los revolucionarios quienes detenten el poder, consideren que, por la complejidad de la sociedad actual, el pueblo no puede ejercer el poder por él mismo y por eso un partido o un grupo puede y debe ejercerlo en su nombre, en su representación y en función del interés del pueblo, no de grupo. Bajo esta concepción se puede lograr el establecimiento de un poder que se llame a sí mismo “poder del pueblo” porque con la mejor intención del mundo pretenda representar sus intereses, puede tener la mayor preocupación por acabar con la explotación, la opresión y la exclusión (y puede tomar importantes medidas para lograrlo), además puede estar formado por los mejores hombres y mujeres, por los más dedicados, conscientes y humanistas, que por sus cualidades personales y colectivas nunca puedan convertirse en tiranos, pero ¿bastará con eso solamente? Hay que recordar que cuando se habla de “representar los intereses del pueblo” pueden entenderse cosas muy diferentes, ya que existen diversas forma de “representar los intereses” pues para algunos basta con luchar por lo que debiera (según su punto de vista) importar al pueblo porque son “sus intereses históricos” y cuya consecución, se considera, le garantiza al pueblo la felicidad futura; también puede entenderse la lucha por lo que en un momento determinado importa a las masas, o, más aún, por lo que “debiera” importarle en una coyuntura específica. En cada uno de estos casos son otros los que piensan, discuten y deciden por el pueblo, partiendo de que “el pueblo puede no comprender y por eso puede tomar decisiones contrarias a sus intereses”. ¡qué parecido suena esto al pensamiento de Porfirio Díaz cuando afirmaba que el pueblo mexicano no se encontraba preparado para la democracia! La comparación de ninguna manera está fuera de lugar, porque cuando en diversas experiencias revolucionarias se celebran congresos o conciliábulos de los organismos superiores a puerta cerrada, cuando se impide que el pueblo se entere de lo que se discute a esos altos niveles, cuando se impide que a la población llegue algún material de discusión, cuando se impide o dificulta la discusión de temas que pueden resultar polémicos y comprometedores, se ve que es muy fácil, y por lo mismo muy usual, en nuestro país y en muchos otros, considerar que al pueblo se le debe tutelar como si fuera un menor de edad o peor aún. Todo se hace con el objetivo de evitar que el pueblo se dañe a sí mismo, pero ¿dónde queda lo que el pueblo quiere, así sea con sus limitaciones? ¿acaso no tiene derecho a equivocarse? Y, suponiendo que así se evitara que se dañara a sí mismo, acaso tutelándolo no habrá equivocaciones? Desgraciadamente la práctica revolucionaria de muchas organizaciones y la historia de diversos pueblos muestra no solamente que las equivocaciones no se evitan, sino que adquieren la forma de un daño mayúsculo, porque la mejor vacuna contra la revolución son esas experiencias en las que dictaduras y algunas democracias burguesas han sido sustituidas por algo que, eso sí es seguro, no ha sido “más amplia democracia” como se ofrecía antes de triunfar, sino por un poder separado enormemente del pueblo, por un poder en el que los gobernantes se encuentran enormemente separados y por encima del cuerpo social. ¿Por qué ha sucedido esto, si las transformaciones han sido tan grandes, como la socialización de la economía, y si las intenciones eran las mejores del mundo? Básicamente porque el pueblo no puede ser dueño de su destino mientras no se socialice el poder, para que, ahora sí, todos tomemos parte en las decisiones que nos afectan. No se trata de que todo vaya a marchar bien, o de que a partir de cierto momento todo vaya a ser disfrute. De lo que se trata es de que “nuestras” decisiones sean efectivamente nuestras, que cualquier decisión que nos afecte sea tomada por todos nosotros y no por unos cuantos. ¿Que a la mejor erramos? Tal vez, pero serán errores nuestros y nosotros mismos los podremos corregir. En otras palabras, de lo que se trata es de construir un poder socializado al máximo posible. Por eso es que el Poder Popular pretende socializar al máximo el poder, tratando de conjuntar en un cuerpo lo más común posible, la sociedad política y la sociedad civil.

Hasta aquí podría considerarse, entonces, que la alternativa puede plantearse así: ¡A construir el Poder Popular, expresión de la socialización del poder!

¿Que todos participen en la toma de decisiones? ¿Socialización del poder? Pues estamos de acuerdo, podrán decir incluso los que aspiran a dirigir en nombre del pueblo pero en función de sus intereses de grupo, porque, después de todo bien puede “concederse” ese derecho al pueblo, al fin que desde el poder pueden ponerse numerosas limitaciones a esa aspiración del pueblo a mandarse a sí mismo. Así pues, hay que preguntarse ¿hasta dónde pueden llegar las atribuciones de un tal “Poder Popular”? Esta pregunta se hace en función de que el poder supremo puede delegar algunas funciones en algunos órganos representativos del pueblo, puede tomar el parecer del pueblo para algunas decisiones, puede permitir al pueblo conocer algunas informaciones que en otro tiempo han sido “secretos de Estado” o “de partido”, puede, en diversos grados, hacer participar a la población en algunos asuntos que otrora eran reservados al aparato del estado, pero ¿ qué poder popular puede existir cuando hay prácticas, o personas a las que no se puede analizar o juzgar? ¿o cuando hay aspectos de la vida social que no se puede cuestionar? ¿o cuando hay instituciones, normas o sistemas que no se puede cambiar? ¿o cuando hay cosas sobre las que no se puede decidir? ¿o cuando hay personas, actitudes y hechos que no se puede sancionar? Eso no es Poder Popular, porque en tanto alguno de esos elementos falte, no habrá sino atisbos de él, lo que durante la lucha, por seguridad puede ser aceptado (hasta cierto límite y en algunos aspectos mínimos, que tienen que ver con la seguridad) pero que una vez triunfando nada debe excusar su falta. El poder popular significa el poder integral, lo que quiere decir que el pueblo pueda disponer de toda la información que le permita contar con los elementos necesarios para juzgar objetivamente todo; que no existan tabúes o cuestiones sobre las cuales no se pueda discutir; que no exista nada que deba permanecer intocado, ni personas, ni prácticas, ni instituciones, ni normas, ni sistemas. Por eso el Poder Popular implica un poder integral, para que el pueblo pueda estar informado, enjuiciar, cambiar, decidir y sancionar todo.

Así que, entonces podría enunciarse así la alternativa: ¡a construir el Poder Popular, como un poder integral!

Ahora bien, ¿cómo se ejercería ese Poder Popular? Todo parece dicho ya, así que esta pregunta puede parecer ociosa, porque ya se dijo que es el poder del pueblo, que éste puede juzgarlo todo, que debe estar informado, que debe poder enjuiciar, cambiar, decidir y sancionar a los mandatarios. Pese a lo radical que pudiera parecer esto, podría ser perfectamente aceptable para todos, incluso para los partidarios más acérrimos de la burocracia, porque dirán ellos que esa es también su aspiración. Esto quiere decir que, quizá, se esté hablando nuevamente de cosas distintas. Sí, porque hay formas distintas de ejercer esos principios y una de ellas, aceptable para los partidarios del burocratismo, es aquella en la que el pueblo puede nombrar a los representantes que habrán de ejercer el poder durante un tiempo determinado, lapso en el cual ellos, los representantes, decidirán por él y mandarán en su nombre pero no obedeciéndole y se limitarán a informar, pero ya cuando estén tomadas las decisiones; desde luego que podrán ser cambiados, y sancionados, pero a posteriori, cuando termine el periodo durante el cual prácticamente reinarán. Y dirán que eso es democracia, y, efectivamente, eso es una forma de ejercer la democracia y se le llama representativa, pero es una forma limitada, que si se aplica como forma única conduce a que los representantes nombrados puedan hacer y deshacer a su antojo, partiendo de que “si el pueblo me nombró, entonces yo puedo decidir por él e incluso puedo mandar por encima de él”. ¿Eso es lo que se quiere? ¿Eso puede ser Poder Popular? No, desde luego que no. Entonces dirán que no hay otra forma, que solamente así se puede gobernar democráticamente, porque en una sociedad tan grande el pueblo no puede practicar la democracia directa. Con todo eso, sí hay otra forma de ejercer la democracia y es que los que manden lo hagan obedeciendo, porque son depositarios de un mandato popular, porque ellos son los mandatarios y es al pueblo a quien deben obedecer, porque es el mandante. Y eso puede lograrse solamente si los representantes del pueblo, además de ser nombrados democráticamente, se encuentran sometidos al escrutinio constante, si su mandato puede ser revocado en todo momento, si los errores pueden ser sancionados en cualquier momento. Solamente así el pueblo ejercerá el poder, los gobernantes mandarán obedeciendo. Por eso, precisamente, el Poder Popular es el mandar obedeciendo.

Todo pareciera idílico, planteado así y pudiera pensarse que habiendo Poder Popular todo estará solucionado, ya no habrá oportunidad para que una minoría imponga sus intereses sobre la mayoría de la población, de manera que puede pretenderse que a partir de la toma del poder, en poco tiempo se construirá un mundo en el que todo será armonía y felicidad y no habrá explotación ni opresión ni exclusión porque habrá la más amplia democracia económica, política y social. Bajo esta forma de ver las cosas se considera que a partir de las grandes transformaciones realizadas luego de la toma del poder, como la socialización de los medios de producción y el establecimiento de un nuevo Estado, supuestamente democrático, el sistema se perfeccionaría gradualmente, por medio de cambios cuantitativos, hasta llegar a una sociedad ideal, en la cual todo sería, como se dice más arriba, armonía y felicidad. Sin embargo la cuestión del poder no debe ser cuestión de creencia, sino de saber, es decir, de conocer la realidad de manera objetiva; por eso, y a partir de la experiencias que se han producido ya, debe discutirse a fondo si aquello en lo que se creía es verdad o no. Desde luego que el veredicto de la práctica es totalmente negativo porque lo que se construyó no es precisamente el mundo que se prometió, ni siquiera en su primera fase, pese a que se decía estar pasando ya a la segunda, así que quedaría el veredicto producto de la reflexión. Por eso hay que preguntarse, en primer lugar, ¿cómo aprenderá y aprehenderá el pueblo la democracia, si estamos en una sociedad totalmente antidemocrática? ¿hasta que desde el nuevo gobierno se impulse?; en segundo lugar, ¿cómo se pasará a una sociedad basada en el colectivismo, respetuoso del individuo, si actualmente nos encontramos en una donde el individualismo impera por doquier? ¿bastará con favorecerlo desde el gobierno?; en tercer lugar, ¿cómo evitar que la burocracia pueda dominar al pueblo en nombre de la democracia?; en cuarto lugar ¿cómo el pueblo aprenderá a dirigir la economía, su vida política, social y cultural si actualmente se le impide hacerlo? en quinto lugar, ¿cómo se hará para superar la tendencia a la apatía política y a la atomización de la vida social y a la autocomplacencia, que pueden aparecer al lograr los objetivos fundamentales como garantizar una vida más o menos segura, más o menos cómoda, más o menos digna; en sexto lugar, ¿cómo se evitará que, bajo las dificultades económicas que seguramente se enfrentarán, se deslice la añoranza de los tiempos prerrevolucionarios, donde de una u otra manera se vivía con cierta seguridad relativa? ¿Cómo, en suma, se disminuirá el riesgo de la consolidación de un sistema burocrático? Estas interrogantes se plantean no en un afán ocioso, sino como resultado del análisis de las experiencias ya vividas por otros pueblos, en las que en vez de la democracia en todos los niveles se impulsó el autoritarismo bajo la forma de tutelaje y la reproducción de relaciones de dominio en muchos ámbitos (con buenas intenciones muchas veces); donde en vez de colectivismo lo que resultó, pese a las buenas intenciones, fue descuido y malversación de los recursos sociales; donde en vez de autogestión se obtuvo una dirección burocrática y tecnocrática en diversos aspectos; donde la gente soportó, durante mucho tiempo aberraciones de parte de gobiernos y autoridades de todo tipo que se suponen debieron servirle; donde el corporativismo, que tanto combatimos aquí, era la norma y forma de control de las masas; donde el pueblo, en suma, casi nunca tuvo oportunidad de ejercer su soberanía, más que en los momentos iniciales de la revolución. Cuando se habla de una sociedad donde se ejerza el Poder Popular no se está pensando en una sociedad estática, sino una sociedad enormemente activa, llena de lucha, donde se desarrolla una lucha permanente en todos los niveles, contra las tendencias burocráticas que inevitablemente surgirán (como lo muestra la experiencia de todas las revoluciones), por ampliar el poder de los colectivos de todo tipo, de las organizaciones de la sociedad civil, por el respeto a la individualidad, de manera que si una revolución se necesita para lograrlo, una revolución se haga. Y eso puede lograrse solamente haciendo que el Poder Popular sea un poder de lucha permanente, democrático, colectivista pero respetuoso de la individualidad, autogestivo y que impulse el espíritu autodefensivo, rebelde, organizativo y soberano del pueblo.

Un nuevo poder, que se llame popular, puede transformar profundamente todo en las grandes esferas, modificando radicalmente la propiedad de los medios de producción, creando una estructura económica imponente, una fuerza de defensa invencible, lograr niveles de desarrollo únicos, pero, ¿de que valdría eso si en la vida cotidiana las relaciones entre la población siguen siendo como hasta ahora, plenas de dominio, si en las relaciones familiares, de trabajo, de estudio, y, en general en todas las relaciones en que necesariamente hay algún grado de subordinación (por las condiciones mismas de la relación), se da lugar al dominio, si en las relaciones de género, interraciales e interétnicas, en el trato a las minorías, a los usuarios de algún servicio, a los civiles por parte de los militares, a la población por parte de los funcionarios del Estado, se domina a quien es o debe ser igual? El Poder Popular, necesariamente, debe impulsar cambios profundos, que abarquen también el nivel microsocial.

Un Poder Popular con esas características, no puede conseguirse automáticamente a partir de la toma del poder por la revolución, a la manera de un objetivo que se encuentra al final de la meta, listo para ser disfrutado, ni puede empezarse a construir solamente a partir de ese momento crucial, como un objetivo que requiere necesariamente de la toma del poder para su realización, ¿por qué? En primer lugar porque existen grandes variantes entre el tipo de poder que se puede construir llegado ese momento, en dependencia de múltiples determinaciones como los planteamientos hegemónicos, las tradiciones locales o nacionales o las limitaciones que puedan imponer las condiciones concretas del momento y de acuerdo con esas condicionantes podrá haber más o menos democracia, más o menos tolerancia, más o menos posibilidades de que el pueblo influya en las decisiones que le atañen; en segundo lugar, porque si en el proceso mismo, cuando el pueblo puede influir en la manera en que se desarrollen las relaciones entre el mandar y el obedecer (porque puede condicionar su participación a que se tome en cuenta su voluntad), cuando puede tener una mayor fuerza relativa porque el nuevo estado aún no está del todo conformado ni cuenta con todos los aparatos de poder, el pueblo no puede imponer su voluntad, mucho menos lo podrá hacer cuando tenga que imponerse a aparatos ya plenamente conformados, fuertemente afianzados; en tercer lugar, porque nada ilustra mejor lo que se logrará que las formas y los medios con que se pretenda alcanzar, ya que así como se dice que en la organización revolucionaria se prefigura la nueva sociedad, en las relaciones que existen en la lucha se prefiguran las relaciones que habrá en la nueva sociedad; en cuarto lugar, y sobre todo, el Poder Popular no es solamente un objetivo sino que al mismo tiempo es un medio, por lo que puede y debe construirse desde el inicio mismo de la lucha y no solamente a partir de que se inicien las hostilidades, sino ya desde la fase previa de acumulación de fuerzas, y no debe hacerse solamente hacia fuera, hacia la sociedad, sino que su construcción empieza desde dentro de las organizaciones o dentro de los ejércitos revolucionarios, dentro de cada organización social, porque en cada una de estas agrupaciones está el germen de lo que será la sociedad futura y si queremos que esta sea democrática, lo tienen que ser también los medios, pues no se puede conquistar la democracia con medios antidemocráticos. Eso quiere decir que el Poder Popular debe construirse en el aquí y en el ahora.

Además, el Poder Popular no es algo que pueda ser entregado a la manera de una generosa concesión por las clases o las élites gobernantes o que pueda ser construido desde arriba por una vanguardia o una élite revolucionaria porque no se trata de que esas clases o esas élites privilegiadas hoy le permitan al pueblo acceder a ciertos derechos, como si en ella radicara la fuente de la legitimidad de esos derechos; de lo que se trata es de que el pueblo ejerza, al fin, su soberanía, que, como dice la constitución mexicana, “…reside, esencial y originariamente en el pueblo” y en uso de ella sea el pueblo quien ejerza el poder, un poder que no dimana de nadie más que de él. Por eso es que el Poder Popular debe construirse, necesariamente, desde abajo y por quien lo habrá de ejercer, porque el poder que desde arriba se construya, desde arriba se ejercerá. De manera que el Poder Popular debe construirse desde abajo en una lucha diaria de diversas colectividades humanas por hacerse dueñas de su destino en un proceso gradual que prácticamente nunca está acabado. Si eso implica cambiar las formas tradicionales de actuación de una organización o si significa innovar o cuestionar paradigmas que antes parecían inamovibles, debe hacerse, nada tiene por qué permanecer intocable, no deben existir más los dogmas. Además, cada aspecto que no se considere será una posición que quedará en manos del enemigo o que podrá tomar en cualquier momento y desde ahí, desde esa posición, se puede fortalecer para atacar y ganar otras y, quizá, para recuperar todo su poder. La lucha por construir el Poder Popular es, en sentido figurado, una verdadera guerra, en la que el campo de batalla está a la vista y por ahora el enemigo del pueblo se encuentra atrincherado y tiene casi todas las posiciones en sus manos; por eso hace falta que el pueblo vaya contemplando todo el campo y no solamente una parte de él (el campo es todo el país, todas las clases y sectores sociales, todos los niveles de la sociedad, todos los aspectos de la vida social); que considere que la batalla será por ocupar todo el campo de batalla, incluyendo el del enemigo, no solamente por expulsarlo del nuestro; que en esta batalla se trata de aniquilar todas y cada una de las posiciones donde el enemigo se ha hecho fuerte, y apoderarnos de ellas, no solamente de amagarlas; que se trata de transformar cada posición para que no pueda ser usada por las fuerzas enemigas; hace falta considerar que la guerra ya se ha iniciado de parte del enemigo al ocupar cada una de las trincheras donde se ha posicionado y que eso hace necesario que el pueblo vaya tomando posiciones desde ahora para que cuando los combates se declaren abiertamente se encuentre posesionada ya de parte del terreno, incluso dentro del campo enemigo; que esta será una guerra total y por eso hace falta acumular fuerzas para una batalla total, no para una parte de ella; que esta es una guerra real, no de apariencias y cada movimiento, cada palabra, cada alarde, puede jugar en contra del pueblo; que para el enemigo esta es una guerra sin frente definido, porque se encuentra ya en cada frente posible y así debe ser también para el pueblo (dondequiera que haya enemigos o influencia enemiga, ahí deben estar las fuerzas del pueblo para combatirlos). Por eso es que el Poder Popular se debe construir, sin excusa ni pretexto, en el aquí, en el ahora, desde abajo y hasta sus últimas consecuencias.

Después de tantas críticas y tantos señalamientos de lo que no debe ser, puede parecer que cuando se escribe sobre esto es porque se da a entender que sí se sabe cómo deben hacerse las cosas, pero hace falta reconocer que, ni en la práctica ni en la teoría puede encontrarse, hasta el momento una forma la ideal y tal vez no la haya, por eso es que el desarrollo de la sociedad debe concebirse como un proceso abierto, en el que nada está dicho y en el que todo es posible, en el que no hay caminos predeterminados y todo debe irse descubriendo mediante una combinación de práctica y reflexión, para que en la práctica misma se vayan descubriendo las mejores formas de lograr el objetivo de que el pueblo tome en sus manos su destino. Por eso debe admitirse que no se sabe con certeza cómo hacerlo y se debe experimentar, pues los diferentes modelos o experiencias de Poder Popular que han existido hasta el momento no son los más idóneos para nuestro país, aunque cada uno de ellos tiene aspectos que cabe rescatar.

Resumiendo todo lo que hasta el momento se ha hablado del poder, se puede decir que para los revolucionarios la cuestión del poder no se limita a la del gobierno, ni al poder del Estado, ni al poder en el ámbito macrosocial, sino que abarca el poder en todas sus manifestaciones en el ámbito macro y microsocial.

El poder popular, en síntesis, no es el poder de los revolucionarios, ni se limita a la sustitución del poder de un grupo por el de otro, sino que consiste en la recuperación del ejercicio de la soberanía popular, en un poder socializado al máximo, un poder integral, de lucha permanente, que incluye la transformación microsocial y que construye en el aquí, en el ahora y hasta sus últimas consecuencias. En suma, es el mandar obedeciendo.

Después de todo lo dicho, podemos definir el Poder Popular.

El Poder Popular es la capacidad del pueblo para decidir sobre su propio destino en todos los ámbitos y en todos los niveles, tanto en el macro como en el microsocial, tanto en los grandes grupos sociales como en los pequeños. Es la concreción o expresión práctica del ejercicio de la soberanía popular y, al mismo tiempo, la máxima expresión de la socialización del poder, y que habrá de llevar a la conjunción, en un cuerpo común, del Estado y la sociedad.

Desde este punto de vista, el objetivo es una transformación social profunda, para que el pueblo sea dueño de su destino, en tanto que el Poder Popular es un medio para conseguirlo.

Todo eso es el Poder Popular, pero ¿cómo se aplica en la práctica?

La legitimidad del Poder Popular.

Día tras día, y sobre todo a partir de la aplicación del neoliberalismo, la mayor parte de los mexicanos debe enfrentar una lucha dura para poder sobrevivir, no digamos ya en condiciones dignas, sino en sobrevivir simplemente, porque permanentemente el régimen atenta contra su seguridad económica su integridad física e intelectual, pues en la situación actual ¿quién no ha sido agredido por el régimen de una u otra manera? Prácticamente nadie se ha salvado de ser víctima, porque ya sea económica, política y hasta físicamente, todos hemos sido víctimas de la oligarquía y de los que a ella sirven. Si no, veamos los hechos:

¿Qué otra cosa, sino agresión, es el hecho de que se imponga una política económica que ha llevado a que el 70 % de la población se encuentre en la pobreza? ¿acaso no es una agresión el que el pueblo deba pagar los robos que han hecho los banqueros con el Fobaproa? ¿y los asesinatos de luchadores sociales? ¿y la represión que realiza el ejército contra quienes se organizan y luchan, o aunque sea protestan?. Ni duda cabe que son agresiones y las aquí mencionadas son las más evidentes, pero al igual que sucede con respecto a la delincuencia, todos los mexicanos, de una u otra manera hemos sufrido ya no solamente uno sino varios tipos de agresiones, y no solamente económicas, sino políticas y físicas incluso. Y en cada una de esas agresiones hay víctimas y victimarios; la víctima es generalmente el pueblo, mientras que el victimario es el régimen mexicano, y esa situación tiende a repetirse y que se repetirá hasta el infinito…mientras no se encuentre la forma de detener ese proceso.

Pero ¿cómo detenerlo? ¿cómo evitar la aplicación de medidas antipopulares? ¿cómo disminuir, cuando menos, los efectos de las políticas económicas que aumentan las dificultades para que el pueblo pueda sobrevivir? ¿cómo defenderse de las agresiones de los grupos paramilitares? ¿cómo evitar los abusos de quienes detentan el poder en cada comunidad, en cada escuela, en cada centro de trabajo? ¿Cómo poner fin a las agresiones contra el pueblo? ¿cómo hacer que cuando se niegue la satisfacción de algún derecho, este pueda ejercerse en los hechos?

No hay de otra, la única manera es enfrentar al poder de la oligarquía, pero para enfrentar ese poder se requiere otro: el poder del pueblo. Precisamente por eso es que la construcción del Poder Popular es una medida legítima, pues es una medida autodefensiva. Con él, cuando menos, el pueblo se puede defender.

Por otro lado, como ya se dijo antes, el ejercicio de la soberanía popular se encuentra usurpado actualmente, fundamentalmente por la oligarquía financiera internacional, pues ésta impone su voluntad por encima de la del pueblo y con ello se conculca uno de los principales derechos que tienen los ciudadanos de nuestro país, y que están establecidos en la Constitución Mexicana. De esta situación se desprende que la lucha por recuperar el ejercicio de la soberanía popular es una lucha plenamente legítima y que, además, está respaldada por la misma legislación del país.

Siendo así la situación, la lucha por la construcción del Poder Popular es plenamente legítima porque es una medida reivindicativa del ejercicio de la soberanía popular y éste es su principal objetivo. Con él, el pueblo puede recuperar el ejercicio de su soberanía, lo que requiere de la toma de conciencia de la usurpación de esa soberanía, de la necesidad de reivindicarla y de ejercerla.

Pero, además, un pueblo que se encuentra sometido a la explotación y a la opresión y en el que grandes sectores se encuentran excluidos, tiene derecho a emprender la búsqueda de una alternativa que le permita salir de esa situación. Una de esas posibles salidas es de un poder del pueblo, por eso la construcción del Poder Popular es una medida legítima, porque va encaminada a la liberación del pueblo, y con ella se pretende avanzar un paso en la construcción de un mundo nuevo.

De estas tres consideraciones se deriva la legitimidad del Poder Popular y precisamente por eso es que tiene sentido solamente si es simultáneamente autodefensivo, reivindicativo del ejercicio de la soberanía popular y si va encaminado a la liberación. Al mismo tiempo, no se puede construir en tanto la población no quiera defenderse, o en tanto no quiera recuperar el ejercicio de la soberanía popular o no quiera luchar por su liberación.

Por eso es que cualquier intento de construirlo debe emprenderse en medio de una lucha, que es al mismo tiempo defensiva y ofensiva, que implica resistencia, pero también liberación, porque no puede sobrevivir ni tiene perspectivas si no es en razón del cambio general de la sociedad, pues un intento puramente defensivo será destruido a la larga, en el momento en que las condiciones sean favorables para el régimen.

La construcción del Poder Popular.

Emprender la construcción del Poder Popular implica, de entrada, enfrentarse al sistema en su conjunto y una de sus primeras implicaciones es que lo que empieza como un cuestionamiento de la legitimidad de la legalidad vigente se transforma en su desconocimiento, porque se está hablando de construir un nuevo poder, lo que implica admitir o crear una nueva legalidad. Sí, porque ningún Poder Popular puede construirse mientras se continúe prisionero de la legalidad vigente y de sus formas, por eso la primer decisión que una comunidad debe tomar para construir el Poder Popular es la de sustraerse a la legalidad vigente y crear una nueva.

Ahora bien, una vez que se ha emprendido el camino de crear una nueva legalidad ¿qué sigue? Una labor práctica encaminada a construir. A construir, sí, pero ¿qué? Veamos.

El impulso de una política en beneficio de los intereses del pueblo y mandada por éste requiere de instrumentos mediante los cuales el pueblo pueda hacer uso del poder. Es decir, deben forjarse instrumentos a través de los cuales pueda emitir una nueva legislación, impulsar el cumplimiento de las nuevas leyes, aplicar las diversas políticas en el aspecto económico, político y social, administrar los bienes colectivos así como garantizar la seguridad pública en el territorio en el que se ejerce el Poder Popular. Estos instrumentos son instituciones y aparatos semejantes a los de un Estado, aunque en un sentido embrionario y que al irse consolidando se irán convirtiendo gradualmente en verdaderas Instituciones y Aparatos de Estado, pero de contenido y forma populares, es decir, parecido en los aspectos externos pero profundamente diferente, por su orientación y su carácter de clase, a lo que hasta ahora conocemos directamente. Sin el poder político el Poder Popular no es completo, de ahí que pueda decirse que el Poder Popular necesita disponer del poder político.

Para orientar la economía en un sentido popular se necesita disponer de las palancas que permitan, impulsar la producción, las relaciones de producción y las áreas de la economía que en un momento determinado y estratégicamente convengan al pueblo y al esfuerzo de la guerra, pues en algunos momentos habrá que dar prioridad a la agricultura, en otros a la industria o al comercio, dependiendo de las necesidades de la población; en algunos casos convendrá impulsar preferentemente la producción de determinados productos agrícolas e industriales; en dependencia de las circunstancias habrá que impulsar determinadas formas de propiedad y de trabajo, como las cooperativas, las ejidales o la pequeña propiedad. Sin el poder económico el Poder Popular no es completo, por eso puede decirse que el Poder Popular necesita disponer del poder económico.

El pueblo debe tener el control militar sobre el territorio que abarca el Poder Popular y para eso necesita contar con fuerzas militares que pueda dirigir directamente. Si no dispone del poder militar otros decidirán por él en los asuntos militares, que en una guerra quiere decir en todos o al menos en los más importantes y esa situación, si no se impide desde un principio, se convertirá en una tendencia que se irá consolidando hasta convertir en norma la subordinación de la población a los militares y la revolución no es para eso, ¡claro que no! Cuando se habla de control militar sobre el territorio esto no significa que no puedan penetrar en el territorio del Poder Popular las fuerzas enemigas, sino que mientras el enemigo se encuentre fuera del área el pueblo tiene el control militar y en caso que el enemigo quiera penetrar puede enfrentársele para evitarlo o replegarse, todo en dependencia de las necesidades. Sin poder militar el Poder Popular no es completo, por eso se dice que el Poder Popular implica disponer del poder militar.

Llevar los máximos beneficios sociales posibles al conjunto de la población puede hacerse solamente si se dispone de mecanismos que permitan que el pueblo determine y aplique la política social en el área que se abarca. En razón de esto es como se debe disponer de los servicios de salud pública, de la educación pública, de la cultura. Sin el poder en el plano social el Poder Popular no es completo, por eso se considera que el Poder Popular necesita disponer del poder social.

El Poder Popular abarca un área específica sobre la que se ejerce y puede ser toda una región a nivel nacional, un estado de la república, una zona o un municipio, e incluso, porciones más pequeñas como un ejido o una comunidad. Puede instaurarse incluso en ámbitos tan diversos como las escuelas, las universidades, las fábricas y los centros de trabajo, las colonias populares, los barrios. Así como la creación del poder Popular en una comunidad, zona o región las convierte en insurgentes, también las escuelas, las fábricas y demás instancias pueden ser consideradas insurgentes. Sin territorio el Poder Popular no es completo, por eso necesita de una porción territorial.

La transformación profunda de las relaciones sociales requiere de la creación de una nueva cultura, que permita ir derrotando gradualmente la ideología dominante, en la medida en que se vayan formando y fortaleciendo nuevos valores, concepciones y hábitos, políticos, sociales e ideológicos, acordes con la formación de una sociedad nueva, que permita la sustitución, en todos los ámbitos, de las relaciones de dominio por relaciones simétricas, entre iguales, donde se reconozca el derecho del otro, o los otros, a tomar parte en la discusión y en la toma de decisiones acerca de los asuntos que le afecten, en donde la subordinación (que a veces es natural, como el de los hijos pequeños respecto a los padres, o de los trabajadores de rango inferior respecto a los de rango superior), no se convierta en dominio. El Poder Popular no tiene sentido si no impulsa esta transformación, que debe abarcar el nivel microsocial. Por eso, sin la creación de una nueva cultura el Poder Popular no es completo.

¿Quiere decir esto que el Poder Popular permite construir una sociedad sin conflicto? ¿O que donde hay Poder Popular todo es idílico? No, desde luego, porque, en primer lugar, nunca dejará de haber conflicto en la sociedad, porque nunca dejará de haber intereses opuestos, pero lo que sí se logra es que los conflictos sean solucionados con la participación de todos y en interés de la mayoría; en segundo lugar, en el ámbito macrosocial, habrá que luchar permanentemente contra la tendencia al burocratismo, contra el cual deberán emprenderse campañas continuas, que de no tener resultados se habrán de convertir en verdaderas revoluciones; en tercer lugar, el ámbito microsocial, será un ámbito de transformación permanente porque ahí el cambio es la más difícil; en cuarto lugar, la sociedad civil, con sus múltiples organismos deberá realizar luchas de todo tipo para lograr que los intereses de los diversos grupos sean tomados en cuenta. En síntesis, la transformación de las relaciones sociales no culminará nunca, pues todo es perfectible.

Si bien la construcción del Poder Popular debe emprenderse a pequeña escala, abarcando primero zonas aisladas y pequeñas, debe tenderse a su generalización y a su profundización (lo que necesariamente implica un gran trabajo y un largo proceso, pues la relaciones de dominio son las más difíciles de transformar), lo que debe desembocar en la dualidad de poderes en el ámbito nacional, lo que implica la construcción de un Poder Popular a nivel nacional, que pueda enfrentarse al tú por tú con el del régimen. De hecho la dualidad existe ya en diferentes porciones del territorio nacional, aunque a nivel de comunidad y de zona fundamentalmente.

De hecho las áreas en las que se construye el Poder Popular son los embriones de las zonas liberadas, el punto de partida para su construcción, y al mismo tiempo son la medida en que se va avanzando en ese sentido.

Al definir el Poder Popular como “la capacidad del pueblo para decidir….”, hay que ser enfáticos en ello porque no se trata solamente de elegir de entre algunas opciones cocinadas por algunas instancias de poder, a la manera de un referéndum o un plebiscito solamente, sino de deliberar y tomar decisiones libre y abiertamente.

El Poder Popular no es solamente una forma en que se expresa el poder de una parte de la población, sino la máximo expresión de la socialización del poder, porque con él se logra que el pueblo detente el poder por principio, lo construya en la práctica misma y paso a paso y lo ejerza cotidianamente, aún desde antes de derrotar al enemigo.

Con el Poder Popular la soberanía popular deja el campo del deber ser, para plasmarse en el del ser. Es expresión del “mandar obedeciendo”.

Si puede decirse que la soberanía popular es el principio teórico, abstracto, y el “mandar obedeciendo” es la expresión práctica y la máxima concreción del ejercicio de esa soberanía popular, entonces puede decirse que el Poder Popular es el instrumento que permite unir ambos elementos. Por medio del Poder Popular se ejerce la soberanía y con el Poder Popular se manda obedeciendo.

El Poder Popular implica la fuerza del derecho porque está sujeto a una normatividad aceptada por la población civil insurgente, y el derecho de la fuerza, toda vez que se ejerce aún en contra de los esfuerzos gubernamentales por destruirlo.

El Poder Popular y la guerra.

Es fácil darse cuenta de que el régimen mexicano aplasta con sus fuerzas policiacas y militares numerosos intentos del pueblo por lograr un cambio social o, simplemente, por defender sus intereses; eso significa que realiza una verdadera guerra contra el pueblo. El saldo hasta el momento es enormemente desfavorable para las luchas populares, porque ha habido masacres contra estudiantes, contra campesinos, contra obreros; se ha asesinado a numerosos dirigentes populares, se ha torturado, asesinado o desaparecido a miles de mexicanos de todas las clases y sectores sociales (incluidos militares). ¿Cómo puede enfrentarse esta situación? ¿cómo puede hacerse para detener este ensañamiento?

No hay más, el pueblo debe defenderse, y en estas condiciones esto significa, necesariamente, la realización de una lucha popular que cada vez adquiere un carácter más integral y que lo será totalmente en la medida en que se construya el Poder Popular, porque así el pueblo podrá hacer uso de todos los recursos a su alcance para defenderse. En estas condiciones, nada es más natural que la estrecha relación entre la construcción del Poder Popular y la guerra. Veamos por qué.

El Poder Popular es la cuestión fundamental en la presente guerra a partir de diferentes consideraciones. En primer lugar, porque hacemos la guerra para construir el Poder Popular, con el fin último de desterrar para siempre la posibilidad de que el poder sea usurpado por una minoría. En segundo lugar, porque hacemos la guerra en la medida en que vamos avanzando en la construcción del Poder Popular, debido a que los recursos humanos, materiales y políticos que dedicamos al esfuerzo militar dependen de lo que vamos avanzando: con una mayor consolidación del Poder Popular pueden dedicarse mayores recursos a la guerra. En tercer lugar, porque hacemos la guerra en la medida y en la manera en que el Poder Popular lo determina, toda vez que la fuerza militar depende del mando político. En cuarto lugar, porque cada una de nuestras acciones tiene un objetivo ligado directamente con el Poder Popular, porque unas veces accionamos para impulsar a algunos sectores populares a incorporarse a la construcción del Poder Popular (como ocurre en las acciones de propaganda armada), otras para defender lo ya avanzado (como ocurre en muchas de las acciones de autodefensa), otras para foguear a sus fuerzas armadas y otras para dar un salto en la construcción de ese Poder Popular (como en las acciones ofensivas).

Como se ha dicho en diversas formas, el objetivo de la revolución es la construcción del Poder Popular y la toma del poder es tan solo un medio para consolidarlo.

Los principios fundamentales para la construcción del Poder Popular.

Cuando se habla de Poder Popular y se dice haberlo construido pero lo construido se encuentra sujeto a una organización política o una fuerza militar, entonces no se está hablando de Poder Popular, sino de otra cosa, de un órgano de una organización tal vez, pero no de Poder Popular, porque no se hará lo que mande el pueblo sino lo que la organización ordene y se estará, se quiera admitir o no, usurpando la soberanía popular, de la que debe ser expresión ese poder. Se estará pasando por encima de quien debe ser autoridad máxima y eso no debe permitirse porque nada está por encima del pueblo, ni siquiera la organización revolucionaria. Los órganos de Poder Popular son la autoridad máxima, ya que nada se convierte en mandato si no es bajo orden expresa del órgano o aparato de Poder Popular encargado del poder legislativo; nada se convierte en ley si no es por medio del órgano de Poder Popular encargado de las tareas legislativas, nada se convierte en orden militar sin la aprobación del órgano de Poder Popular encargado de la tarea ejecutiva, descontando, desde luego, las situaciones en las que el mando es cedido (temporalmente) a la jefatura militar. ¿Y lo que la organización decida? La organización revolucionaria puede plantear muchas cosas a la población, pero sus planteamientos no son ley, ni mandato, ni órdenes militares, sino solamente eso: planteamientos, que pueden convertirse en ley, mandato u orden militar si, y solamente si, convencen a los órganos de Poder Popular, que son las únicas instancias que pueden emitirlos. Así, la organización revolucionaria es una fuerza que plantea, no una que dirige. Por eso el Poder Popular es la máxima autoridad de las zonas donde se construye.

Los órganos del Poder Popular deben ejercer el mando subordinados a la población, lo que, en otras palabras, puede llamarse mandar obedeciendo, por eso el mandar obedeciendo es la máxima de los órganos del Poder Popular.

Si, como se dijo antes, el Poder Popular es la máxima autoridad de las zonas donde se construye, entonces las unidades militares revolucionarias de la zona no son la fuerza a la que se supedita la población, sino que al revés, es la población, la que, ejerciendo su soberanía, subordina la fuerza militar revolucionaria, a su poder, el Poder Popular. ¿Cómo? Esta subordinación se realiza de dos maneras. Una de ellas se plasma cuando la organización revolucionaria pone a su disposición una fuerza militar que queda directamente bajo las órdenes de los órganos de Poder Popular y que depende del nivel del órgano de que se trate, pero que la mayor parte de las veces son unidades milicianas (al menos por ahora). La otra forma se aplica al ser la población la que determina si participa a no en la lucha revolucionaria, la forma y el modo en que lo va a hacer (cuántos combatientes va a aportar, en qué condiciones) y las condiciones en las que se puede desarrollar nuestra actividad militar o política en las zonas (en qué áreas pueden hacerse emboscadas, minados del terreno o entrenamientos). Esto viene a ser la manifestación más completa de la construcción del ejercicio de la soberanía popular, pues en las zonas en que realizamos nuestra actividad, el pueblo la ejerce lo más completamente posible en las actuales condiciones, al grado de que nuestra actividad se subordina cada vez más a esa soberanía. Por eso la fuerza militar revolucionaria se subordina al Poder Popular.

El Poder Popular es democrático, y a su vez es una arma para construir la democracia. Esto quiere decir, en primer lugar, que la población decide quienes lo asumirán, eso es bueno, pero si a eso se limitara la democracia de las zonas donde se construye, lo que se conseguiría sería endeble, pues la antidemocracia no existe ni debe combatirse solamente en cuanto a la forma de elección de los órganos de gobierno, pues se puede dar en cada uno de sus actos. Por eso debe lograrse que todos los actos de gobierno sean democráticos, y lograrlo sería limitado aún, porque hay otro ámbito en los que la antidemocracia se manifiesta y reproduce constantemente: la vida cotidiana. ¿Cómo, entonces, lograr que el Poder Popular sea democrático? De la única forma posible, mediante un ataque en todos los frentes. Eligiendo democráticamente a los mandatarios, buscando el consenso ante las diferencias, pero respetando el disenso; obligando a los mandatarios a rendir cuentas ante el pueblo; haciendo que el mandato sea revocable por parte del pueblo. No atribuyendo ninguna responsabilidad por ningún otro criterio que no sea la aprobación de la colectividad, porque ni la antigüedad, ni los méritos históricos son suficientes para acceder a un mandato. Además, debe superarse la concepción de que la democracia es una norma a aplicar en la política solamente, para convertirla en una norma que impregne todas las relaciones sociales y todas las manifestaciones de la vida social, desde las relaciones familiares, de trabajo y de estudio, hasta la cultura, la educación y la comunicación, porque la democracia es una forma de vida, no sólo de gobierno.

(Ir arriba)