CÓMO LA VES DESDE AI

La reanimación del movimiemto popular y la táctica de periódo

Sin duda, la movilización zapatista generó una reanimación del movimiento popular. Entre otras cosas, la marcha logró colocar la lucha de los pueblos indígenas en el centro del escenario nacional y motivar a diversos sectores de la sociedad a reactivar sus luchas extraparlamentarias. Pero importantemente, como ya todos sabemos, algunas cosas han cambiado. Ahora vemos que la enmienda constitucional aprobada por el Congreso de la Unión trae consigo una serie de candados y omisiones, de manera que ni se acerca a La Ley Cocopa ni refleja en lo mínimo el espíritu de Los Acuerdos de San Andrés. Los puntos medulares de la Ley Cocopa -- en especial la autonomía, la libre-determinación, la territorialidad y el derecho público -- fueron extraídos jubilosamente por los redactores. Por consiguiente, el EZLN rechaza la ley Cevallos-Bartlett-Ortega y suspende el diálogo con el gobierno. Naturalmente, el escenario político cambia. Aquí sin embargo, en este escrito, trataríamos un análisis sobre los aspectos político-sociales de la marcha, antes del acontecimiento señalado. Y al final de esta crónica, regresaremos a platicar brevemente sobre algunos de los cambios que se presentan actualmente.

Durante los meses de febrero y marzo el país vivió un episodio trascendental para el futuro de las luchas por la democracia y la justicia social: la Marcha por la Dignidad Indígena encabezada por la comandancia del EZLN...

Si bien las intensas jornadas con amplia participación han dado paso a días más tranquilos en que las comunidades indígenas, los movimientos populares y revolucionarios y las bases zapatistas en particular esperan respuestas del gobierno, el período actual no deja de ser crítico. La marcha zapatista demostró que sí hay otras formas más participativas y directas de hacer política y que además existe un gran porcentaje de mexicanos que desean cambios sustanciales.

A esta realidad, que se manifiesta en la reanimación del movimiento popular y las movilizaciones autónomas desde abajo, se enfrenta la estrategia de Estado con la que choca frontalmente. Paradójicamente, el ejecutivo también le apuesta a la aprobación de la ley Cocopa, la reanudación de la negociación y la resolución del conflicto en Chiapas. Sin embargo, esto lo pretende hacer a su medida sin que de verdad se resuelvan radicalmente los problemas que dieron origen al conflicto. Con la paz foxiana el Estado busca crear condiciones que beneficien exclusivamente a la oligarquía nacional y el capital financiero internacional dentro del marco de la profundización del modelo neoliberal en México: Plan Puebla Panamá, la norteamericanización de nuestra industria energética y el traspaso casi sin límites de los recursos nacionales a los grandes empresarios a través de la contrarreforma hacendaria.

Así siguen cuajándose dos visiones que se enfrentan. Pero hay muchas interrogantes que han de contestarse para ir determinando cómo se irán definiendo los conflictos y qué decisiones tendremos que ir adoptando. Por un lado habrá que ver los resultados de la reanudación del proceso de paz para el EZLN en particular y el movimiento democrático-revolucionario en su conjunto. ¿Se convertirá el EZLN en una fuerza institucional más o continuará contribuyendo a la construcción de un amplio bloque revolucionario anti-neoliberal? Por otro lado hay que estudiar la respuesta gubernamental a la disposición del EZLN a pasar a la lucha política ‘legal’. ¿hará concesiones sustanciales o bloqueará los cambios reales que exige el EZ, contribuyendo de este modo a una radicalización de la política extra-parlamentaria? Por último es necesario pensar en las opciones que tendremos todos las fuerzas integrantes del movimiento revolucionario. ¿Podremos los movimientos sociales autónomos y las organizaciones político-militares democráticas aglutinarnos en un bloque, con una visión estratégica coordinada para enfrentar y derrotar el modelo oficial? Es quizá esta última pregunta la más determinante y su desenlace tendrá mucho que ver con la reanimación del pueblo que acabamos de experimentar. Sin embargo, antes de tratar de responder a estas interrogantes, pasemos al análisis de la marcha, sus frutos y los posibles escenarios que de ella se derivan.

Escenarios

Todos los días se repite hasta el cansancio que el primer acto de gobierno de Vicente Fox ha sido el de retomar la iniciativa de ley de los derechos y culturas de los pueblos indígenas, llevándola al Congreso de la Unión como iniciativa avalada por la presidencia de la República.

Con ese acto el nuevo gobierno retoma la posibilidad de lograr una solución política al levantamiento del EZLN y de sus bases indígenas, aceptable y funcional al régimen del capital financiero. Traslada al «poder legislativo» la decisión central de recuperar el consenso perdido por los gobiernos priístas para así derrumbar el obstáculo que ha frenado el proyecto de modernización neoliberal en el campo mexicano, principalmente en el centro, sur y sureste del país. Esa posibilidad no podía ser alcanzada aunque se intentó de dientes para afuera por los gobiernos de Salinas y Zedillo: los Acuerdos de San Andrés fueron firmados en medio de un cerco de contención militar a los zapatistas y de expresiones de la GBI dedicadas a la ruptura del tejido social de las comunidades.

Al mismo tiempo ha resurgido la «Doctrina Iruegas» (llamada así por el apellido de uno de los asesores del equipo gubernamental en los diálogos y ahora alto funcionario de Relaciones Exteriores). Los zapatistas, según esa doctrina, no conseguirán en la mesa nada que no hayan conseguido en el combate. Sólo que ahora ese «combate» se ubica en el terreno que mejor domina el enemigo de los indígenas: «el debate legislativo». En esta forma trucada de legitimar institucionalmente los proyectos de la oligarquía, legisladores asumen por mayoría los acuerdos que antes han meditado los órganos de conducción del poder real, ese gabinete de «orden y respeto» que envuelve al equipo de seguridad nacional y que con la observación y asesoría directa de los estrategas del gobierno estadounidense es vocero de los intereses del gran capital financiero.

Pero esta segunda posibilidad sólo corresponde a un escenario donde además de enfrentarse a la iniciativa de Fox y el peso de su imagen publicitaria, los protagonistas contrarios (los indígenas zapatistas) carecieran de la fuerza social de apoyo a su respuesta, así como de la capacidad de modificar la respuesta individual y de grupo de diputados y de senadores a reclamos y consensos construidos antes en el terreno no institucional de la movilización popular.

Fox, su equipo y sus amigos, los dueños del dinero que esperan invertir en los supermegaproyectos del Plan Puebla-Panamá, (PPP) necesitan disputar la iniciativa política e ideológica en este combate con los zapatistas. Pero también necesitan sumar una mayoría aplastante en el Congreso para modificar a su gusto, por la vía de los votos y no la del referéndum constitucional, aquellos aspectos de la iniciativa de Ley Cocopa que afectan su interés principal. En pocas palabras, no pueden invertir los miles de millones de pesos y las astronómicas ganancias que contempla en PPP en medio de una zona de guerra.

Ellos quieren paz para invertir, para comerciar y ganar. Paz para desarticular el tejido social, provocando la acelerada migración de indígenas hacia los corredores de maquiladoras, a las plantaciones de exportación. Paz política para reordenar los gobiernos municipales sin autonomías efectivas (esto es con autodeterminación, con gobiernos propios y con un control indígena sobre los recursos y el territorio) en la zona de influencia zapatista y en las otras zonas en rebeldía.

Esto explica la petición de Fox a los zapatistas de que acepten los cambios (los candaditos) que los expertos constitucionalistas al servicio del capital pretenderán colgar a la propuesta de Ley de la Cocopa.

Para lograrlo cuenta Fox sólo con la extrema derecha panista y priísta en las cámaras. Así aparenten estar en su contra en aspectos como el uso de la tribuna del pleno de las Cámaras de diputados y senadores. Pero aún ellos pueden echar con el agua a su criatura. Por eso ha buscado Vicente Fox que el diálogo directo y la firma de cualquier mínimo acuerdo con el EZLN sea forzado por una opinión pública manipulada por todos los medio: (des)conciertos y millonarias firmas por una paz tan blanca como sus fantasmas; diaria desinformación que intoxique los verdaderos motivos de la movilización zapatista, dejando de lado a los indígenas y sus exigencias de justicia y dignidad y buscando cercar con fórmulas mediáticas la expresión de la comandancia del EZLN; apoyo de la cúpula más retrógrada de la iglesia católica, los grupos empresariales y los dueños de los medios; y el hasta ahora mejor show presidencial de aparecer como el único animador del diálogo ante legisladores y zapatistas «intransigentes».

Siguen y seguirán intentando el desprestigio de los zapatistas y de Marcos, pretenden promover actitudes de celo o desconfianza entre la izquierda independiente, entre los movimientos sociales y las organizaciones de la insurgencia armada. Acomodan la información sobre las movilizaciones indígenas y populares como si esta fuera una respuesta de «apoyo a la iniciativa de Fox por la paz». El logro de abrir el diálogo con legisladores, después de una competida votación entre duros (panistas) y «tolerantes» (los demás partidos con sus excepciones), se lo sigue agregando a su cuenta de éxitos el lenguaraz de Guanajuato.

Mientras, las respuestas de Fox a las preguntas del EZLN son evidentes: el presidente, en el caso de que sea el que manda sobre los militares, lo hace de acuerdo a una estratagema convenida con el mando militar de redistribución y reconversión de los quehaceres de las fuerzas armadas en la región zapatista y en todo el país. La decisión de reconvertir las bases de Río Euseba y Guadalupe Tepeyac en «centros de desarrollo rural o comunitario», significa, además de dejar a los soldados «retirados” a unos kilómetros de donde estaban, a obligar a las comunidades a aceptar en su seno órganos del estado en el que entre otros el ejército cumpliría funciones de «desarrollo», además de seguridad, inteligencia, operaciones psicológicas, etc. Es decir que los mismos ‘cambios’ que realiza para cumplir con las señales del EZLN producen una continuación de la lógica de la guerra de baja intensidad.

Buscan en el alto mando que los militares sean menos visibles incorporándose a labores “sociales» que encubran el peso superior que ahora se ha dado al trabajo de inteligencia y de fuerzas especiales (información y contrainformación, búsqueda de dirigentes y mandos, preparación de escenarios de represalia, provocación, guerra o terror psicológico, asalto).

El estado hace política sin deshacer, ni siquiera guardar o retirar realmente, a su factor militar. También podría decirse que lleva al factor militar a hacer política, promoviendo la confianza en proyectos transnacionales como el Plan Puebla- Panamá.

Los presos zapatistas, más los de otras organizaciones rebeldes y los indígenas y campesinos en la cárcel, son tratados por el gobierno como rehenes de su política. Salen de las cárceles por la vía de los órganos estatales, o por las federales si cumplen antes con formas que los dejan supeditados al arbitrio de los jueces. Salen también los que se ven obligados a acogerse a las amnistías tramposas de los gobiernos de los estados, que los hacen reconocerse como delincuentes o como miembros o simpatizantes de las fuerzas rebeldes. No salen en cambio otros presos políticos que se les acusa de haber combatido al Estado y a sus fuerzas represivas, si bien es cierto que ellos no fueron mencionados por el CCRI en su exigencia de las «tres señales». Además, los desaparecidos o las víctimas de los procesos de guerra sucia y represión son burlados en su reclamo de castigo a los culpables del terror de Estado.

Sólo en los discursos o en las balandronadas del presidente se menciona que se hará justicia o, avisa Creel que los órganos de espionaje dejarán de ser medios de represión política en el actual gobierno.

Resumiendo, la paz oficial por la que Fox y su administración se están esforzando no es la paz que la sociedad entera y sus organizaciones siempre ha reclamado: la paz con justicia y dignidad, la paz con autonomía efectiva para los pueblos indígenas, la paz definida por una auténtica participación de la gente y no los intereses de los Romo, Slim, Hernández, es decir del gran capital. Fox busca conseguir esta falsa paz por medios anti-democráticos y publicitarios: en lugar de buscar un profundo consenso, utiliza el marketing y la mediatización de la política para vender un producto a la gente. Es una paz que no remueve los mecanismos de guerra de baja intensidad y que, en vez de plantear mayor autonomía, reorganiza la región sureste según la visión empresarial de los poderes fácticos. Para esta paz que quieren alcanzar con una forma excluyente y elitista de hacer política, el EZLN y las bases organizadas de la sociedad tenían, sin embargo, su respuesta.

¡Pero llegaron los comandantes zapatistas y obedeciendo mandaron a movilizar!

La marcha de los 23 comandantes y un subcomandante del EZLN fue la respuesta anunciada el 2 de diciembre por el CCRI al proyecto de pacificación Foxista publicitado como primer acto de gobierno.

En ella se conjugan algunas de las más notorias capacidades del EZLN para hacer política en medio del cerco militar y de información que parecía haberlos colocado a la defensiva en condiciones de relativa debilidad.

Recuperan la iniciativa política ubicando en la promulgación constitucional de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas el objetivo visible de esta coyuntura. Presentan esa meta, además, como el mínimo cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés al que el gobierno de Zedillo se negó y subrayan que la Cocopa presentó esa iniciativa, en su momento como un acuerdo de todos los representantes de los diversos partidos que la componen.

Al intento de Fox de erigirse como el nuevo dueño y promotor de la iniciativa de Ley de la Cocopa y de su interés por lucirse como promotor de la paz sin adjetivos, el EZLN lo pone en espera, una y otra vez, jugándosela contra su popularidad mediática. Y lo pone a un lado, al colocar como su interlocutor gubernamental al Congreso de la Unión, o más específicamente a los diputados y senadores interesados por encontrar una salida política inmediata a la demanda de derechos indígenas, independientemente que esta sea heterogénea y se sepa que a la mayoría les anima la realización del proyecto que promueve Fox y sus amigos para su «marcha al sur».

Los miembros del CCRI zapatista desafían a la vez a Fox que se gane la confianza para reiniciar el diálogo a partir de que se manifieste las «Tres señales»: una la legislación de derechos indígenas, basada en la iniciativa de la Cocopa; la segunda el retiro de los soldados de siete posiciones de las más de doscientas que tienen en el territorio con influencia zapatista, la mayoría de ellas de efecto simbólico para las comunidades zapatistas y sus redes de apoyo nacional e internacional porque ahí, entre otros lugares están los Aguascalientes, donde se han efectuado cientos de encuentros entre el EZLN y organismos y personalidades democráticas; y la tercera la liberación de presos políticos zapatistas en Chiapas, Tabasco y Querétaro.

Esas tres señales, y el recurrente llamado a los legisladores de todos los partidos, parecieron escasas condiciones, vistas en el papel, como para arrancarle la iniciativa política a Fox.

No fue así porque, a la vez y principalmente el CCRI convocó a la sociedad civil, y particularmente al Congreso Nacional Indígena en apoyar la marcha de los 24 dirigentes del EZLN al Distrito Federal, recorriendo a su paso poblaciones de 12 estados en los que además de difundir su exigencia de las tres señales, se presentó la esencia de la meta a lograr en estos momentos: cumplir los Acuerdos de San Andrés con la incorporación a la Constitución de los derechos de los pueblos indígenas y abrir un periodo de abierta lucha política del EZLN con base en la reanimación de la movilización popular encabezada por los pueblos indígenas.

La prensa y los otros medios sólo se interesaron por comparar para bien o para mal de los zapatistas actuales esta marcha con las de otros movimientos insurgentes y revolucionarios, desde la de los ejércitos de Zapata y de Villa hacia la capital, la «Larga Marcha» de los comunistas chinos convocada por Mao Tze Tung, la más reciente del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil que recorrió movilizó y educó políticamente durante varios meses ese país o, finalmente, las movilizaciones y levantamientos indígenas en Ecuador.

El pueblo en cambio, particularmente el pueblo organizado recibió esta decisión con entusiasmo y altas expectativas. Las principales nos parece que son:

La reanudación de las movilizaciones populares contra la continuación del proyecto neoliberal de privatizaciones que mira a los sectores estratégicos de la electricidad, el petróleo, la educación y la salud; la acción en contra de los despojos a los escasos bienes de los campesinos y los colonos, a los derechos sindicales, a la capacidad de compra de los salarios ahora amenazada con el IVA a alimentos y medicinas; la movilización antineoliberal de los movimientos sociales de mujeres, jóvenes, homosexuales, jubilados y pensionados, ambientalistas y trabajadores de la cultura. El llamado de los zapatistas, a la vez que apoyo, presentaba posibilidades de coordinar este amplio bloque de luchas sociales, estancado por la fragmentación y pasmo que en muchos produjo la caída del PRI de la presidencia y el supuesto cambio de gobierno y de régimen que promueve como imagen publicitaria el gobierno de Fox.

La posibilidad de unir la lucha zapatista por la justicia y la libertad a los presos políticos y las víctimas de persecución, tortura y masacres que se sufren como parte de la guerra sucia una y otra vez asumida por el Estado desde los años sesenta en contra de las poblaciones y organizaciones que resisten al poder. «Sus presos son nuestros presos», fue un grito generoso que esperaba eco en el zapatismo y que de variadas formas acompañó la marcha, también el reclamo de castigo a los culpables de la represión. Fue otra expectativa del pueblo organizado puesta en la coyuntural marcha, si bien nunca ha sido dependiente de una sola organización por importante que sea, para continuar la resistencia y conseguir la justicia que niega el autoritarismo del Estado.

La lucha por la defensa contra la represión, la impunidad de los represores y el fin de la militarización del país y de las múltiples expresiones de guerra llamada de baja intensidad que vigila, espía, divide, amenaza, aterroriza a comunidades y organizaciones en muchos lugares del país. Lucha que pasa por reconocer las causas que originaron los levantamientos armados y la existencia de organizaciones insurgentes. Causas que comparten con el EZLN las organizaciones del movimiento armado y las bases sociales y políticas que dan vida a la construcción de autonomías, comunidades insurgentes y demás expresiones de la construcción del poder popular.

El EZLN, en todos los casos por voz del subcomandante Marcos, respondió a esas expectativas con amplios argumentos:

Aclaró que en este momento los pueblos indígenas y en particular del EZLN y de sus bases de apoyo decidieron centrar sus luchas sociales en lograr la incorporación constitucional de los derechos políticos y culturales de los indígenas presentes en la iniciativa de la Cocopa . Este es el momento para el EZLN de lograr esa reforma sustancial y consolidar el empuje de los indígenas como protagonistas en la construcción de un nuevo tipo de relación con el Estado: la de las autonomías comunitarias, municipales y prácticamente regionales que hacen de la producción en común, el gobierno en común y la defensa en común un camino más de la expresión del «mandar obedeciendo». Se trata de una forma distinta de poder, la del poder popular construido desde abajo y desde ahora. Si bien el subcomandante Marcos no utiliza estas últimas expresiones y subraya que ellos no buscan el poder, su postura parece no excluir que el pueblo tampoco «busque” pero sí construya su poder desde abajo y desde ahora.

Así, el EZLN responde a las múltiples expectativas del pueblo organizado que les da camino, casa y sustento en su caravana explicando que ellos no vienen a decir qué es lo que hay que hacer sino a pedir su apoyo a la lucha que emprenden en este momento. Marcos declara que sería irresponsable contestar que sí, o que regresarán y que los esperen- a las personas y grupos que les pidieron apoyo o coordinación con sus otras luchas, no directamente indígenas ni ligadas a la legislación de derechos y cultura para los indígenas. Tampoco les dijo que suspendieran sus luchas particulares, sólo que los apoyaran. Así, no se trata de una decisión de los zapatistas el formar el bloque antineoliberal, aunque no puedan ocultar su simpatía a la lucha contra el Plan Puebla Panamá, el megaproyecto de Istmo de Tehuantepec, Las propuestas de proyectos autogestivos del Tepéh en Hidalgo y el reclamo de ahí mismo y de muchos lugares de Oaxaca, Hidalgo y Guerrero de liberar a los presos políticos. Pero no los vuelven sus demandas de este momento, ni se proponen para encabezar esas luchas. Tal vez pudieran exagerar en su concentración a lograr la legislación de los derechos indígenas o, dicho de otro modo, tal vez calculan que sumar fuerzas antineoliberales y en contra de la represión no los fortalezca a ellos mismos en su meta coyuntural. No lo dicen. Pero es obvio que se enteran que hay más fuerza organizada aunque dispersa en el país. No cambian por ello la orientación de su discurso hacia la parte no organizada de la señora sociedad civil y en particular de las organizaciones y personas de los movimientos no gubernamentales, no ligados a partidos, coordinadoras, frentes. Pero suponemos que ven con respeto y les entusiasma conocer que la lucha popular sigue, a pesar de los golpes de los sectarismos y oportunismos. Ya les tocará decir su palabra cuando esas luchas alcen el vuelo y los inviten a participar en sus iniciativas.

Sus condiciones al gobierno federal en estos momentos son las mínimas, no pretenden siquiera la eliminación de los grupos paramilitares en Chiapas por orden del gobierno, tampoco sacar al ejército de Chiapas, sino de las comunidades y caminos de las 7 zonas definidas en las tres señales. Pero tampoco se van con las fintas de Fox: ya le dijeron por ejemplo que no se vaya a sentir como Zedillo con la capacidad de expropiar a las comunidades terrenos para «reconvertir» sus bases militares en centros de desarrollo (¿de la ocupación político militar?) en esas zonas.

De este modo, el EZLN vuelve a presentar la posibilidad de que con la nueva Ley los indígenas cuenten con una plataforma legal de lanzamiento de las luchas indígenas por sus otros derechos: particularmente los agrarios, económicos y sociales, largamente pospuestos o mediatizados por los esquemas de GBI que se encubren tras los programas sociales que dividen a las comunidades y no dan solución real a sus necesidades básicas. La sensibilidad de las organizaciones del Congreso Nacional Indígena llevó a que en Nurio, Michoacán no sólo se decidiera acompañar y fortalecer la marcha de los comandantes zapatistas hacia la capital, o ir con ellos a pedir a los legisladores una vez más atención a su voz y a sus demandas y a explicarles lo que no quieren entender; no, por el contrario, los indígenas ahí presentes resolvieron la alternativa inmediata en caso de una negativa del gobierno a asumir completa la iniciativa de la Cocopa, la alternativa del levantamiento indígena pacífico, el cual en varias regiones se expresa ya como movilizaciones por todos los derechos de los indígenas y no solo los políticos y culturales: defensa de recurso, liberación de presos, exigencia de restitución de tierras y agua para sus comunidades y, la formación de más municipios autónomos, que con ese nombre o con otro den lugar a los derechos y cultura indígena de hecho.

Las expresiones indígenas en Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca e Hidalgo van por ese camino, junto al EZLN y las comunidades zapatistas de Chiapas, pero con su propia lógica y ritmo. Son convocados y acuden a la movilización. Pero son organizados y disponen de todos sus recursos y voluntad para ir por el objetivo central en este momento, sin abandonar sus luchas económicas, sociales y de defensa contra la represión. Por eso son también autónomos, es decir son conscientes de las decisiones que toman y de las acciones y las repercusiones que traerán para ellos y al movimiento. Son pies, pero también cabeza como cuenta Marcos. El EZLN los inspira y abre oídos en el mundo a sus voces. Ya serán ellos los que manden, si no pierden los zapatistas esta batalla, pero si la pierden por lo menos los pueblos indios se mandarán solos, porque pueden.

De la lucha armada, los comandantes del EZLN confirman su decisión de seguir trabajando en el terreno político como lo decidieron desde 1994, al inicio de los diálogos en San Cristóbal. Pero no dudan en afirmar que si el diálogo fracasa, y en particular la lucha política por la Ley indígena, las condiciones para que se extienda el movimiento armado seguirán creciendo. Saben que no pueden encausar las luchas de otras rebeldías populares e insurgencias armadas por el exclusivo camino de la política que ellos parecen estar dispuestos a caminar a mayor velocidad y con tácticas propias. Pidieron con respeto y firmeza observar su paso por lugares de influencia del ERPI, el EPR, las FARP y otros ejércitos insurgentes y reconocieron que hallaron respuesta positiva de esas fuerzas. Marcos no dejó por ello de deslindarse, o sería mejor decir diferenciarse de lo que él interpreta como revolucionarios frente a la rebeldía social que dice representar el EZLN. Pero no polemizó sobre sus tácticas y estrategias, así hayan salido decenas de interpretes en las columnas de periódicos o en los tiempos televisivos o de la radio, que ven clausurado el camino de la lucha armada. Más aún, Marcos reconoció que el movimiento social puede traer nuevas insurrecciones y levantamientos armados, y que es segura la confrontación radical del pueblo con todo lo que representa el proyecto de Fox, o si se quiere el del capital financiero internacional. En fin Marcos y el EZLN saben que existen las mismas causas que originaron su levantamiento armado y el de otros ejércitos insurgentes. Que ellos pueden decidir su particular vía de lucha para el próximo periodo, pero que no pueden ni parecen querer que las demás fuerzas insurgentes sigan el camino que han decidido ellos emprender. No hablan mucho del modo en que el Estado, Fox y el Imperio quieren aprovechar el probable aunque no cercano paso de los zapatistas a la abierta participación en la lucha político social como una derrota del movimiento armado. Por obvias razones tampoco explican cómo se defenderán las comunidades indígenas de la militarización, de los paramilitares o de los despojos que ya organiza el capital transnacional en la región centro y sur del país. Ni si serán necesarios recursos clandestinos y político-militares para resistir a la división del territorio que intenta imponerse con el Plan Puebla Panamá. Cierto que eso no se dice.

Otras voces otros ámbitos

El pueblo organizado social, política y/o político-militarmente ha hecho presencia en las dos coyunturas señaladas, siendo sin duda una de sus garantías de éxito.

Su rechazo al PRI y a los fraudes electorales, así como su desconfianza creciente en el funcionamiento tradicional de los partidos hizo posible la derrota del PRI el dos de julio. A la vez, su falta de reconocimiento entre las propuestas democráticas y contrarias al neoliberalismo del PRI, llevó a que ese pueblo organizado o se abstuviera de votar o lo hiciera de manera diferenciada el pasado dos de julio. Dejando en manos de Fox y sus amigos la presidencia.

Ese pueblo organizado no se reconoce realmente bajo la ambigua definición de sociedad civil, más que en un punto, no se siente parte de la clase política, y si en muchos casos ha participado junto al PRD o bajo su bandera, su experiencia está cargada de actos fallidos, de desconfianzas mutuas o del sometimiento a sus dirigentes que sí se han interesado por acuerdos electorales con el PRI o con otros grupos político electorales.

En el reciente proceso de movilizaciones indígenas y zapatistas ha sido notorio el avance de ese pueblo organizado. Acude en su mayoría a la convocatoria del EZLN, lo hace con entusiasmo y cargado de expectativas para construir algún tipo de mayor coordinación de fuerzas contra el neoliberalismo, la represión y la falta de democracia efectiva. Además lo hace con generosidad, no sólo en su aporte de recursos y trabajo para que se alcancen las metas de la marcha, sino principalmente para que se escuche una y mil veces con toda su fuerza el reclamo por los Acuerdos de San Andrés y por las señales que se exigen al gobierno para que sea posible el reinicio del diálogo.

Esa generosidad no le obliga a guardar sus mantas y su prensa con demandas, planteamientos e incluso interpretaciones propias sobre el momento que se vive, pero lo hace para sumar, lo hace para potenciar la lucha.

No hay duda que también entre ese grupo organizado hay un sector que ha preferido seguir su trabajo sin participar en las actividades convocadas por los zapatistas, pero aún entre ellos, la mayoría no ha realizado boicot ni oposición al trabajo del EZLN y menos de las organizaciones del Congreso Nacional Indígena. Claro está que en algunos sectores como el estudiantil, el magisterial y el popular, fundamentalmente en las zonas urbanas, se han dado agrios debates entre algunos de estos grupos y los promotores de la «sociedad civil» de las actividades de la marcha, algunos de los cuales sí confundieron la jornada de movilización indígena con el zapatour.

Vale señalar que en esta última coyuntura los grupos armados y sus bases sociales tuvieron un destacado papel. Además de participar a su modo para apoyar la marcha zapatista y difundir sus demandas, dieron respuesta a las especulaciones provocadas por el gobierno de Fox acerca de la seguridad de la caravana a su paso por zonas de influencia. Estas fuerzas insurgentes al mismo tiempo se deslindaron de o abiertamente rechazaron dialogar con el gobierno como lo ha decidido el EZLN.

La necesidad de una fuerza social revolucionaria constituida por los diversos sujetos del pueblo insurgente, sigue siendo un medio indispensable para convertir estas luchas coyunturales en un cambio importante en la correlación de fuerzas frente al poder de la oligarquía.

Son grandes las coincidencias entre las fuerzas sociales y políticas de izquierda y democráticas que se han percibido en el transcurso de las coyunturas electorales y de movilizaciones indígenas y zapatistas en el último año. Esas coincidencias se dan en los ejes de lucha, en la unidad de acción frente al enemigo común y quizás en el entusiasmo que han provocado, tanto la salida del PRI de Los Pinos como la presencia de la voz indígena de resistencia y rebeldía, desde uno de sus más aventajados emisores, el EZLN.

Pero ese pueblo organizado social, políticamente o como insurgencia armada ¿ha hecho política en este momento esencialmente político? ¿ qué tipo de política está impulsando? ¿cuál es su perspectiva ante las nuevas condiciones de la lucha en México y en el mundo?

Se necesitará de un balance más específico para contestar a esas preguntas, pues lo evidente es que la práctica diferenciada de los múltiples grupos que constituyen el movimiento social y político y el movimiento armado, sólo han conseguido una acción unitaria episódica durante la marcha. Falta saber y se verá en los próximos meses si aprovechamos la oleada de reanimación del movimiento popular para que el pueblo acumule fuerzas frente al régimen. Eso se demostrará mirando si más allá del despunte del CNI, se han creado organizaciones populares locales, regionales y nacionales amplias y estables, o sería mejor decir permanentes. Si en la caravana hubo intercambios, más allá de las exclamaciones de apoyo, con otras organizaciones indígenas y mestizas, nacionales e internacionales para hacer crecer el bloque frente al neoliberalismo o el bloque frente a la impunidad y la represión. Sabremos así, para decirlo a nuestra manera si se difundió así sea en parte las experiencias de construcción de poder popular, de autonomía, autogestión y autodefensa. Eso no lo dirán los periódicos de la prensa comercial, lo dirán las nuevas campañas que se emprendan, las acciones que en cada lugar se generen al calor de esta experiencia que vitaliza la raíz y el conjunto del árbol de la vida popular.

Por ello para nosotros quedan manifiestas las tareas de la coyuntura:

- Subrayar el carácter autónomo de las luchas políticas que el pueblo emprende, autónomo de las que formalmente o institucionalmente conduce el Estado. Luchas por lo tanto político sociales de expresión directa, desde abajo, no de representatividad formal o reglamentada por el gobierno.

- Contribuir con todo lo que se tenga a lograr los derechos políticos y culturales de los indígenas que están presentes en la iniciativa de Ley de la Cocopa, pero a la vez impulsar con el Congreso Nacional Indígena y las organizaciones campesinas la lucha por los derechos agrarios, económicos y sociales que no están garantizados con la sola promulgación de la Ley de derechos y cultura indígena.

- Extender la lucha contra la militarización la guerra sucia y las operaciones psicológicas, sociales y de inteligencia de la guerra de «baja intensidad». Exigiendo en particular el retiro real, sin trampas, de las fuerzas del ejército federal de las siete posiciones indicadas por el EZLN como un primer paso para posibilitar su diálogo con el gobierno.

- Intercambiar y promover con todo tipo de organizaciones populares las redes de construcción del poder popular desde ahora y desde abajo, desplegando una disposición al aprendizaje y la solidaridad mutuas entre los miembros de esas redes para conseguir sus proyectos sociales autónomos y de esas redes con el conjunto del pueblo.

- Responder en el mismo sentido a la solidaridad internacional entre los pueblos.

- Asumir el compromiso por la libertad de todos los presos políticos que el pueblo reclama como suyos, así como el castigo popular a los responsables de masacres, torturas y desapariciones, poniendo fin a la impunidad de los poderosos.

- Ampliar por todos los medios la lucha ideológica, psicológica y cultural contra el régimen del capital financiero, contra el falso cambio que su gerente en turno, Vicente Fox, promueve en la presidencia, así como la falsa actividad legislativa y parlamentaria de diputados y senadores que abusan de su representatividad electoral para actuar en contra de la inmensa mayoría de los mexicanos.

Para superar las limitaciones espontaneístas de la lucha que han debilitado la capacidad de negociación después de concluidas las movilizaciones, necesitamos construir organizaciones políticas permanentes con base territorial, con proyectos económicos y sociales autónomos, con autodefensa ante la represión. Necesitamos construir y defender el poder popular desde abajo y desde ahora.

Apéndice:

Como abordamos al principio de este escrito, el escenario político ha cambiado. Hace algunas semanas, el EZLN rechazó la Ley Cevallos-Bartlett-Ortega y así, suspendió el incipiente proceso del diálogo con el gobierno. Además, hizo un llamado a la resistencia civil y la exigencia de aprobación de la Ley Cocopa. También el CNI rechazó la enmienda aprobada y actualmente se encuentra organizando una movilización indígena a nivel nacional. Ya en Nurio, el CNI había expresado que de no aprobarse la Ley Cocopa, organizaría un levantamiento pacífico. Otras organizaciones, como nuestro ERPI y el PDPR-EPR-TDR, se pronuncian, apoyando el rompimiento del diálogo entre el EZLN y el gobierno ante la cerrazón del régimen. Además, como expresamos en nuestro comunicado más reciente, proponemos elevar la lucha extraparlamentaria al plano estratégico (concretamente, propusimos a los pueblos indígenas, a otras organizaciones revolucionarias, y el movimiento social en general, a preparar las condiciones necesarias para crear nuevos municipios autónomos por la vía del hecho).

Lejos de ‘replegarse’ o ‘desactivarse’, como les encanta propagar a los gobernantes, los movimientos democráticos y revolucionarios siguen de pie, concentrando sus esfuerzos en pro de nuestros hermanos indígenas y en contra del neoliberalismo. Al parecer, los foxistas y sus socios subestimaron (reflejando su racismo) la organización y el respaldo social adquiridos por la lucha de los pueblos indígenas y campesinos. Por otro lado, se puede apreciar la efervescencia social producida por el amplio rechazo a la vergonzosa enmienda aprobada por el Congreso de la Unión. Múltiples sectores se están organizando a su modo contra dicha ley e, importantemente, están contemplando alternativas, en muchos casos sistémicas. Asimismo, está por verse el alcance del poder popular en el momento actual.

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NUESTRO PENSAR

COBRANDO masIVA AGRESIÓN AL PUEBLO

                                                                   Gavroche

En este artículo, iniciamos una breve serie sobre las ‘reformas’ neoliberales que intentará implantar el nuevo gobierno foxista. Lejos de representar el cambio ¡ya! la nueva administración es la última etapa del proyecto de concentración del poder político y económico que comenzó con De la Madrid y se profundizó hasta extremos inhumanos bajo Salinas y Zedillo. Este proyecto antidemocrático y excluyente recibe un nuevo impulso con el cambio de régimen. Las metas son las mismas: con el apoyo y bajo presión de las transnacionales y el poderío de los EEUU pretenden entregar el país, sus instituciones y sus recursos al gran capital, devastando nuestra producción nacional y cerrando nuestros espacios de participación democrática. Así, la continuidad foxista tiene muchos frentes, no sólo el fiscal, un análisis sobre el cual aquí presentamos. Además, están las propuestas de privatizar las industrias energéticas, los planes para flexibilizar el mercado de trabajo dando el golpe de muerte a la Ley Federal de Trabajo, el intento de acabar con los servicios sociales estatales y la planteada reforma constitucional. En cada entrega de esta serie discutiremos una de estas propuestas contrarreformas, explicando qué significan en los hechos y estudiando las posibles respuestas y alternativas populares. Empecemos entonces examinando la vastamente antipopular ‘reforma’ fiscal.

Mucho se ha discutido la ‘reforma’ fiscal que el nuevo gobierno propone al Congreso y a la nación. Correctamente, la discusión se centra en el controvertido plan de cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos y medicinas. De parte del gobierno y de los empresarios, la oligarquía mundial y las policías financieras internacionales, se oye un uniforme coro que le canta a las ‘virtudes’ de la medida. Han llegado al extremo de chantajearnos afirmando que el cobro del IVA a la comida y medicamentos es la cura para todos nuestros males y que de no aprobarse, llegará el desastre. La verdad es que el desastre ya está aquí, aunque los señores no se den cuenta, y que el plan no es más que una ‘reforma’ que profundizará la actual polarización social, asaltando los bolsillos de las clases populares y entregando cada vez más a los nuevos multimillonarios y sus aliados extranjeros.

Lejos de ayudar a “los chiquillos y las chiquillas más necesitadas” y solucionarles los problemas sociales que el modelo neoliberal ha impuesto a los pobres, el plan IVA se inserta plenamente en la lógica del capitalismo salvaje. En pocas palabras, se trata de un calculado esquema de transferirle a la oligarquía y al capital financiero recursos provenientes de la clase trabajadora. De este modo, es un plan diseñado para reducir aun más la función social del Estado y subsidiar la cada vez más concentrada riqueza privada. Simple y sencillamente, es el bandidaje y el pillaje: quitarle a la gente para entregarle más plusvalía a los grandes ricos y abrirles la puerta para que hagan lo que quieran con el regalo: nuestro patrimonio productivo.

MENTIRAS persuasIVAS: EL IVA SEGÚN LOS BENEFICIADOS

Con el fin de apresurar la aprobación del IVA en el Congreso de la Unión, los ricos han recurrido a mentiras múltiples. Históricamente, argumentos falaces les han servido como herramientas para inducir al convencimiento. Los esclavistas defendían la esclavitud diciendo que beneficiaba a los esclavos. Los latifundistas le quitaban las tierras a las comunidades indígenas argumentando que era para su bien. Los gringos llegaron al extremo de sostener que arrojarle un par de bombas atómicas al pueblo japonés era ‘humanitario’, defendiendo su acción como la bendición que acabaría con la guerra y así su sufrimiento. Parece absurdo que los gobiernos sigan empleando estos argumentos basados en el doble-lenguaje (lo negro es blanco, la guerra es la paz, la miseria es el desarrollo, etc.) y la mentira descarada pero es exactamente lo que hace Fox.

Instrumentando la mercadotecnia como nunca antes, el gabinete foxista ha estado empleando generalmente tres tipos de mentira. Es decir, los engaños - cuyas modalidades se mueven entre lo ‘buena onda’, lo apocalíptico, y lo silencioso - varían en su mensaje y su forma pero tienen el mismo objetivo de buscar el apoyo parlamentario y social para sus políticas. Día a día, este modo camaleónico de presuntamente hacer política está transformando a los funcionarios gubernamentales en contradicciones personificadas. Así, no es sorprendente que el tema del IVA se ha insertado perfectamente en este modelo de propagar artilugios.

Hasta ahora, la defensa principal y publicitaria del plan IVA se basa en un argumento central: por los errores de los gobiernos anteriores, el gobierno no cuenta con dinero para su obra social. Nos explican que casi el 90% del presupuesto está ‘comprometido’ y que para atender las necesidades de la gente hay que sacar lana de algún lugar. Según el gabinete ejecutivo, la ‘reforma’ es de hecho redistributiva y quieren llevarla a cabo para proveerle más recursos y atención social a los pobres (aquí nos aproximamos a la mentira ‘buena onda’). Casualmente, el único lugar que se les ocurrió buscar el financiamiento fue en los ya exprimidos bolsillos de los obreros. Esta paradoja la explican aclarando que es la única forma de recaudar fondos sin frenar el crecimiento económico. No se puede gravar las ganancias de los empresarios porque ya no invertirían en el país; y no se le puede cobrar más impuestos a la renta de los ricos porque tal medida sólo reduciría el capital invertible.

A través de esta lógica enredada, Fox nos ‘invita’ a «que sumemos el apoyo a favor de este proyecto de Nueva Hacienda Pública... va a ser clave para enfrentar los retos de que venimos hablando» (El Financiero, 09.05.01). Descifrando, esto significa que el ejecutivo, no diferenciándose de sus antecesores, pretende obligar al pueblo pagar la deuda pública incurrida por una multitud de millonarios delincuentes. Para justificar la medida fiscal, se induce a tragar el anzuelo: nos dicen que habrá bonificaciones al salario y mayores recursos del Progresa a los campesinos. Más todavía, la campaña mediática Porque es lo justo, que también se encuentra en esta categoría, intenta resaltar «las cosas positivas que tiene la reforma como la reducción del ISR (impuesto sobre la renta), deducción de colegiaturas, deducción de las primas en los seguros de gastos médicos y el crédito al salario» a través de una serie de preguntas. Pero como veremos más adelante, todas estas ‘virtudes’ son refutables. Y claro, en esta campaña no se menciona el IVA a alimentos, medicinas y libros. Con estos cortos, lo que se pretende es convencer que «el problema de fondo no es la aplicación del IVA sino que la captación de mayores recursos propiciará el desarrollo nacional, la creación de empleos y una mejor distribución de la riqueza» (La Jornada, 04.04.01).

Sin embargo, como estas afirmaciones y argumentos no han convencido pese al sinnúmero de intentos, los foxistas pasan a la otra cara de la moneda de su defensa. Pasan a otro plano: el apocalíptico. Nos advierten que tal como aprobar el plan traería incalculables beneficios, no aprobarla sería desastroso. El déficit fiscal se dispararía, la inflación volverá a crecer y los mercados ‘castigarán’ al país provocando una fuga de inversiones.[1] Prácticamente profetizan el Apocalipsis. Por ejemplo, Fox advirtió que de no aprobarse la reforma hacendaria, «tendría un alto costo para todos» (La Jornada, 03.04.01). Eduardo Sojo, el coordinador de Políticas Públicas, externó que con la reforma fiscal «está en juego el destino de la nación...» (La Jornada, 05.04.01). El Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente llegó hasta el extremo de vaticinar una mayor destrucción ecológica si no se aprueba la ‘reforma’.

Pero tampoco les ha funcionado este enfoque. Un indicador confiable de este fracaso fue el rotundo ¡NO! al IVA el pasado primero de mayo. Entonces, finalmente, el foxismo reduce la propuesta hacendaria a un simple reformón para calmar los ánimos. A propósito, no mencionan el verdadero rostro de la ‘reforma’ (la mentira silenciosa) para no espantar a la población. Además, intentan desmentir las críticas. No se habla de que el dinero recaudado será para financiar el IPAB y complacer a los organismos financieros internacionales; se indica que la lana recolectada será para invertir en infraestructura y otros programas de desarrollo nacional. No se especifica que un impuesto regresivo deteriorará el nivel de vida para la mayoría de mexicanos; se expone que el IVA es para nuestro bien — «para bien de los pobres, para bien de los indígenas, para bien del país» en palabras de Fox. No se comenta que la economía anda muy mal; se proyecta que la economía está en buenas condiciones, mejor que nunca inclusive. En efecto, el gobierno censura la verdad a los ciudadanos. Con todas las mentiras y contradicciones, el foxismo ha entrado en un verdadero pantano. Tan es así que la presidencia les pidió silencio a todos los funcionarios. En una misiva reciente, el ejecutivo solicita, entre otras cosas que tienen que ver con el arte de engañar, «no hablar más de la Nueva Hacienda Pública Distributiva» (El Financiero, 09.05.01).

Con todo, los foxistas aseguran que no hay contradicciones en su proyecto. Al contrario, señalan que lo que se les cobrará eliminando la tasa cero del IVA a los alimentos, medicinas y otras categorías hasta ahora exentas como los libros y las colegiaturas, se les devolverá con creces (‘copeteado’ dijo nuestro siempre elocuente mandatario) a los pobres. Insisten que de eso se trata — de conseguir más fondos para los que menos tienen. Diversos personajes del gabinete llegaron a afirmar que la propuesta es progresiva (es decir que aporta a una redistribución más equitativa del ingreso afectando en mayor proporción a los que más tienen) ya que segmentos de la población con más dinero comen más y se curan más de las enfermedades. Esta situación es injusta y hay que remediarla, nos dicen (irónicamente), haciendo que paguen más impuestos para estos servicios básicos.[2]

De esta forma, la nueva tecnocracia, proveniente ahora directamente de las filas empresariales, nos vende la idea de que cobrar el IVA a productos y servicios que antes eran exentos es la panacea para los que han sido salvajemente golpeados por el sistema. Según los tecnócratas, la ‘reforma’ no sólo permitirá adquirir recursos para financiar los servicios sociales, además garantizará el sano desenvolvimiento de la economía. O, dicho de otro modo (reeditando el argumento de siempre), permitirá más crecimiento cuyos beneficios eventualmente llegarán a los pobres. Así, la propuesta fiscal es doblemente benéfica.

Pero, a fin de cuentas, su alharaca los traiciona. Los zigzagueos expuestos arriba revelan la presión a la que está sujeto el gobierno, aunque éste no muestra mucha resistencia. Por un lado, es visible la presión por parte de la oligarquía. Día tras día, Coparmex y otras instituciones empresariales (la ‘ciudadanía’ de acuerdo a Sojo) empujan a legislar la reforma fiscal. Por otro lado, el capital transnacional también ejerce presión sobre el gabinete foxista por que la ‘reforma’ se vuelva ley. Al unísono, los organismos financieros internacionales expresan la necesidad de la reforma fiscal.[3] Pareciera que si Bursamétrica (policía financiera filial de Standard and Poor’s) está tan ansiosa por que se apruebe y los argumentos de Fox son verdaderos, esto querrá decir que realmente exigen la reforma fiscal por defender a los pobres. Pero, es poco creíble que los mismos bancos y empresarios que han arruinado sistemáticamente las condiciones en que vive el pueblo ahora se preocupen por el bienestar de los pobres. Estos sectores indudablemente solo piensan en el bienestar de sus ganancias; son los mismos que exigen bajos salarios y flexibilización laboral. La verdad es que esta retórica refleja una desesperación de las clases dominantes por aplicar el IVA a como dé lugar.

Toda la propaganda alrededor del IVA produce cierta imagen — la de un empresario voraz y estafador que debe vender un producto chafa a un cliente honesto e inocente para complacer al gerente y conseguir ‘el ascenso’. Quizás ésta metáfora, más un análisis, nos puede ayudar a identificar los intereses neoliberales que la neblina mercadotécnica pretende encubrir.

motIVAndo LA VERDAD:

IMPACTO REAL DEL IVA

FREGANDO A DAVID, CONSINTIENDO A GOLIAT

La verdad es muy ajena a lo que dicen los foxistas. Las muestras de ello sobran. Para empezar, podemos comparar la política oficial hacia los sectores informales con el trato hacia los grandes evasores y los especuladores financieros. Con los primeros, se les aplica la mano dura. Víctimas de la política ‘tolerancia cero’, el barrio de Tepito y muchos otros lugares, donde ex obreros ejercen la economía informal para sobrevivir, se han vuelto objetivos casi militares para el gobierno. Con los segundos, se acomoda una política de ‘tolerancia plena’. Ni siquiera se está intentando llevarlos a juicio porque de todas formas no pagan impuestos. Espinosa Villareal y otros ‘héroes’ peculados descansan tranquila e impunemente en las playas de otros países. Además el esfuerzo sería muy grande ya que estos cuentan con muchos abogados. Y con los especuladores financieros, no se les puede obstaculizar su derecho a grandes ganancias ya que ‘invierten’ sus recursos económicos — aunque estos no traigan ningún beneficio para la economía nacional.

Reflexionando sobre estos hechos, empezamos a aproximarnos a la verdad. Ciertamente, estos fenómenos reflejan el hecho de que las políticas foxianas, entre ellas la ‘reforma’ fiscal, fundamentalmente dirigen sus baterías a las clases populares y favorecen a los ricos.

Examinemos la propuesta fiscal. Si de verdad ésta tuviera una motivación social, como expone la burguesía hasta el cansancio, el razonamiento a su favor mostraría una secuencia como la siguiente: (1)diagnóstico de los problemas sociales y la pobreza existentes; (2) búsqueda de soluciones y definición de proyectos sociales; y (3) consecución de dinero para estos proyectos y jamás pensar que saldría de los bolsillos de los que se pretende ayudar. Pero son otras las preocupaciones del bloque empresarial en el poder.

Al contrario del proceso señalado arriba, el orden del razonamiento foxista es el siguiente: (1) diagnosticar IPAB; (2) conseguir dinero lo más rápido posible para resolver los problemas financieros de la oligarquía; (3) sacar lana de los bolsillos de los más fregados. Queda claro que la reforma hacendaria es un proyecto de los ricos. Según ellos, los pobres deben pagar pues es «lógico porque son muchos y están acostumbrados»[4] . En un tono prepotente, nos dicen que los pobres debemos aguantar nuestro sufrimiento un poco más, haciendo ‘pequeños sacrificios’. En cambio, el esquema fiscal propuesto por el foxismo fortalece la estructura económica neoliberal, en el cual se les acostumbra a los empresarios y bancarios a socializar sus pérdidas y subsidiar sus ganancias impunemente. A pesar de la retórica compensatoria que se divulga, esta es la verdad detrás del plan IVA.

A través de un análisis objetivo, se puede llegar a la conclusión de que en términos generales la ‘reforma’ fiscal es una política regresiva. En efecto, los impuestos recaudados por el gobierno servirán como transferencias a los empresarios y sus instituciones orgánicas, tales como los bancos y los organismos financieros internacionales.

¿Por qué se busca exprimir los bolsillos de las clases populares y subsidiar al gran capital? De acuerdo con el segundo paso de la secuencia definida arriba, el IPAB (ex Fobaproa) y la deuda pública en general enfrentan serios problemas de financiación. Obedeciendo las reglas del juego capitalista, el régimen foxista no puede permitir que los empresarios paguen sus propias deudas; entonces, se busca una recaudación social que tiene el mayor impacto para los que nada tienen que ver con la deuda pública. Así, en lugar de sacar el dinero exigiendo que las empresas paguen sus impuestos, se distribuye el costo social de la deuda entre toda la sociedad. Por ejemplo: los bancos por deben 45 mil millones de pesos. Si se les aplicara ‘todo el rigor de la ley’ (o sea, las multas correspondientes), deberían 180 mil millones, 50 mil millones más de lo que se pretende captar con IVA. Pero como existen otras leyes (las del Mercado) para ellos, el Estado permite que los bancos utilicen esa cantidad para ‘capitalizarse’ o ‘sanarse’, hiriendo al pueblo en el proceso.

Adicionalmente, el proyecto fiscal contempla que solo se recaude 135 mil millones de los 250 mil millones que el cobro del impuesto generaría. Lo demás se quedaría en los bolsillos de los comerciantes y empresarios que no lo reportan y se quedan con el botín. Es decir que la falta de voluntad para terminar con la evasión fiscal representa un subsidio doble para los ricos.[5] En textos legales, este proyecto constituiría un robo pero el gobierno dice que esto ‘es lo justo’.

Existen otros aspectos regresivos de la ‘reforma’ hacendaria. El hecho de que la ‘reforma’ propone reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 40 a 32 por ciento resulta un alivio más para los ricos que para el resto de la sociedad. ¿Por qué? Los que viven en la miseria no pagan el ISR ya que reciben el subsidio a los salarios mínimos, o el fisco no los considera. Esto último se debe a la masificación del sector informal. Un dato relevante es que hay más trabajadores en el sector informal que el formal. El porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) sin el ahora ‘lujo’ de un empleo permanente es 66.7 por ciento. O sea, 26 millones de mexicanos en edad productiva no cuentan con empleo o están subempleados; por lo tanto, la reducción al ISR no les resolverá nada porque ni lo pagan (El Financiero, 09.05.01). Otra vez, para no variar, la reducción del ISR, aunque beneficia mínimamente a algunos sectores de la clase media (que no obstante sufre un deterioro en su poder adquisitivo y además siempre pagaría el IVA, así anulando esta medida), favorece más a los millonarios del país. Aquí, lo que sucede es que una reducción de 8% a un alto ingreso representa más cuantitativamente que el IVA de 15% a medicinas y alimentos. Estudiemos un caso: supongamos que una familia adinerada tiene ingresos de 100 mil pesos al mes. Si asumimos que la familia come bien, entonces gastarían más o menos 10 mil pesos al mes en alimentos y otros productos básicos (una cantidad super-generosa en comparación con una familia pobre que nada más es permitida alrededor de 750 pesos al mes en este rubro), permitiéndole salidas a restaurantes y hasta un poco de panza. El IVA, tal como está propuesto actualmente, aumentaría este costo en 1,500 pesos. Sin embargo, la reducción al ISR le daría a la familia unos 8,000 pesos extra. Haciendo las sumas y las restas, el beneficio neto, ‘copeteado’ si se quiere, sería de 6,500 pesos. No resulta difícil identificar el mecanismo compensatorio a la oligarquía, o el carácter regresivo de esta medida.

Lo anterior muestra la hipocresía de las medidas fiscales que presuntamente son ‘para el bien de los pobres’. El gobierno habla de que regresará la ‘enorme’ cantidad de 108 pesos a 5 millones de familias en pobreza extrema. Veamos bien este asunto. Para empezar, los que se encuentran en pobreza extrema son 12 millones de familias. Segundo, ya que una familia pagaría $107.94 pesos mensualmente en IVA, el beneficio ‘copeteado’ del proyecto foxista sería de sólo 6 centavos, ni lo suficiente para un dulce (La Jornada, 05.04.01). Tercero, este programa de compensación, si se puede llamar así, no considera a los pobres no-extremos ni a la clase media. Cuarto, también existe un problema con la estructura compensatoria. Pensado ligeramente, el sistema de devolución pretende juntar el padrón de varios programas asistenciales, principalmente rurales como Progresa y Procampo. Como resultado, esta fusión deja a muchos afuera y no considera a los pobres que viven marginados en áreas urbanas. Para los pobres urbanos, existe otro programa improvisado de compensación, igualmente miserable, a través del crédito de salario que nada más significa 75 pesos al mes por persona.

Desenmascarando más, podemos apreciar la abundancia de contradicciones proclamadas orgullosamente por Fox y sus socios. Poniendo en duda las declaraciones gubernamentales y despertándose de la hipnosis foxista, Julio Boltnivik[6] aporta datos valiosos en cuanto al verdadero impacto del IVA. Estima que, con la aplicación del IVA a alimentos y medicinas, 4 millones de mexicanos caerían por debajo de la línea de pobreza, elevando el total a 75 millones. Agrega también que con la eliminación de la tasa cero del IVA disminuirá el consumo de alimentos y medicinas de los pobres en 12 por ciento. Por tanto, estas estadísticas demuestran que la ‘reforma’ fiscal, en vez de ser doblemente benéfica para las clases populares, termina siendo doblemente maligna para estas. Concretamente, la propuesta hacendaria aumentaría el número de pobres (por 4 millones) y agudizaría la miseria (reducción en consumo de 12%).

En fin, el empresario estafador que nos imaginamos en la sección anterior intenta hacer su transa. Es más, intenta liquidar su empresa para venderla en la subasta internacional que realiza la oligarquía financiera. En lugar de fomentar la producción doméstica por medio del fortalecimiento del mercado interno, y gravar las rentas empresariales, los foxistas prefieren reducir la economía nacional (relegándola al imperialismo) y extraer lo poco que se gastará en el rubro social (que de todas formas se les regresará a los banqueros y empresarios parásitos) de los bolsillos de los pobres, reproduciendo la miseria.

Paulatinamente, las funciones sociales y reguladoras del Estado desaparecen, mientras se da prioridad a otras tareas fundamentalmente capitalistas. Así, en las últimas décadas, hemos experimentado la transformación de un Estado keynesiano de bienestar en un Estado tecnócrata y empresarial, a través de reformas neoliberales. Es en este contexto que debe ser analizado el IVA y las otras reformas mencionadas al principio de este escrito.

Empero, sería un error decir que el Estado-nación ya no ‘funciona’ o no tiene ‘poder’ en el mundo ‘globalizado’. Lo que sucede es que el ‘poder’ político se instrumenta para proteger a la burguesía; en este sentido, los atributos clasistas de los Estados-nación se resaltan con el avance del neoliberalismo en el mundo. Desde esta óptica, el foxismo otorga suma importancia estratégica a la ‘reforma’ fiscal, la ‘seguridad nacional’ y a la ‘inversión extranjera directa’, subsidiando a los empresarios y banqueros de México y del mundo. Inversamente, el gobierno reduce el gasto público y los sueldos reales de los trabajadores y transfiere la deuda pública a los campesinos y obreros, endeudando por generaciones a la gran mayoría del pueblo mexicano.

PROPUESTAS constructIVAs

Como queda expuesto arriba, la ‘reforma’ fiscal defendida por los foxistas y sus socios, a diferencia de lo difundido en los anuncios propagandísticos, realmente significa una política regresiva. Y sirviendo de amortiguador, la mercadotecnia intenta convencernos que la medida beneficia a los pobres, lo cual es absolutamente falso. Ocultando estadísticas fidedignas, presionando al legislativo y promoviendo tres tipos de mentira, el gobierno busca desesperadamente los apoyos parlamentario y social necesarios para aplicar el IVA.

Sin embargo, si analizamos la propuesta, identificamos su verdadera naturaleza. Los pobres gastan una proporción mucho mayor de sus ingresos en comida, alimentos y medicinas que otros sectores; naturalmente, son los más afectados. Por otro lado, la reforma hacendaria subsidia efectiva y afectuosamente a los grandes empresarios a través de reducciones en el ISR y otros ‘incentivos’ financieros. Así, la ‘reforma’ fiscal representa un proyecto neoliberal que acentúa las injusticias sociales en el país.

Ante estas afrentas al pueblo, ¿cómo oponerse? Primero, sería indispensable hacer la siguiente pregunta: ¿cómo no oponerse? En el caso del IVA, la opción de lucha parlamentaria sería una equivocación. Esto es así porque últimamente, ha habido demasiados pactos o concertacesiones (al menos a nivel federal) entre la izquierda electoral y la derecha, favoreciendo a los segundos. Al parecer, existe una oposición pactada entre los chuchos/amalios del PRD, el PRI y el PAN. La ley indígena aprobada recientemente por el Congreso de la Unión es muestra de ello. En términos prácticos, esto significaría que una oposición que centra sus esfuerzos por una salida parlamentaria caería en las manos del oportunismo político de la cúpula perredista. Actualmente, el brazo chuchamaliano de la izquierda parlamentaria propone alternativas muy ligeras como ‘reducir la corrupción’ -(eufemismo que en muchos casos significa despedir trabajadores estatales, cosas que Fox y López Obrador ya están haciendo de todas formas)- y enfoca su oposición en lo que considera los extremos más reaccionarios de la propuesta como gravar libros y colegiaturas. Esta táctica (otra vez errónea) sólo abre la puerta a un pacto de ultima hora, como una reducción menor a la tasa del IVA (15%). En otras palabras, el gobierno puede utilizar este blando e incompleto tipo de oposición (aunque sin duda es parte de su estrategia global de decerebrar a la gente) como carta de negociación. De esta forma, pueden eliminar estos excesos y aprobar una nueva ley fiscal, dejando intacto su carácter regresivo y antipopular. En fin, esta no es una oposición que cuestione el modelo socioeconómico en sí, nada más lo ajusta a su favor.

Una verdadera oposición contemplaría la construcción de una alternativa desde abajo con una lucha política que se enfrenta directamente al nuevo régimen. El problema del IVA no es meramente económico o coyuntural; este impuesto interviene políticamente a favor de la oligarquía y en detrimento del pueblo. Por ello, solamente proponer alternativas dentro de los parámetros neoliberales no ayuda. Pensamos que tiene que ser una alternativa que pretenda y vaya encaminada a remplazar el modelo, tanto político como estructural. En lo fiscal, esto se traduciría en replantear la economía, democratizando las estructuras productivas, fortaleciendo el mercado interno y quitándole drásticamente el poder a los empresarios. Así, si se necesita dinero, se grava la renta y las transacciones financieras especulativas. Se trata de refundar las bases del sistema productivo nacional. Es hora que la economía esté puesta al servicio del pueblo y no viceversa, finalmente.

Sin embargo, esto no se lograra jamás proponiendo una alternativa dentro de la lucha parlamentaria. Hay que construir el poder desde abajo que permita contraponer esta otra visión. Esto sólo se logrará con un fuerte movimiento antineoliberal y revolucionario basado en el poder popular. No hay que esperar siglos para que los empresarios y organismos financieros internacionales nos ‘escuchen’ o nos resuelvan problemas creados por ellos mismos. Los neoliberales jamás lo han hecho y jamás lo harán. El pueblo tiene que convertirse en protagonista y construir el poder que le permitirá combatir estas reformas regresivas organizada y sistémicamente.

NOTAS AL FINAL:

1 El tratamiento que le dan al fenómeno de la inflación es particularmente curioso. De no aprobarse la ley, habrá mayor inflación (el peor de todos los impuestos nos reiteran). Su aprobación, que incrementará en 15% los precios de los productos más comprados—los alimenticios—reducirá la inflación. ¿quién entiende?

2 Extraña constatación ésta. Argumentan que hay que hacer que los ricos paguen más caros los servicios y los alimentos que ingieren a niveles adecuados y saludables en lugar de garantizar a todos buena salud y alimentación. Es más, quienes propugnan este argumento olvidan que los ricos también consumen una buena cantidad de productos y servicios lujosos, a los cuales no se aplicará el IVA.

3 En un informe sobre financiamiento en mercados emergentes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que «hacia delante, la expectativa de los mercados continúa en que las obligaciones de deuda de México puedan recibir la calificación de grado de inversión de Standard and Poor’s, lo que está condicionado al éxito en la aprobación por parte del Congreso de la reforma fiscal» (La Jornada, 11.05.01).

4 Alejandro Nadal, «Graffiti Presidencial», La Jornada, 04.04.01.

5 Jaime Aviles, La Jornada, 21.04.01.

6 Se hace este comentario debido a que meses atrás, Boltnivik aseveró a La Jornada que «Fox sí quiere reducir la pobreza».

 

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 [Crédito Imágen: José Clemente Orozco, La clase trabajadora]